Tras el crimen de Ian Cabrera en una escuela de San Cristóbal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) alertó sobre un aumento de amenazas dirigidas a establecimientos educativos de la provincia de Santa Fe. Hasta el martes 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias, con una concentración importante en Rosario y localidades cercanas.
Según el relevamiento de la Fiscalía, 238 de esos casos fueron tramitados en la Fiscalía Regional No 2 de Rosario, cifra que supera ampliamente a otras jurisdicciones. Asimismo, se informaron 75 denuncias en la ciudad de Santa Fe, 33 en Venado Tuerto, 23 en Reconquista y 35 en Rafaela.
Las intimidaciones se manifestaron mediante carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre supuestos tiroteos, y en varias oportunidades estuvieron acompañadas por la aparición de armas reales, réplicas o material balístico.
El MPA señaló que todas las amenazas son investigadas como delitos y que se implementaron diversas medidas para identificar a los responsables. Hasta la fecha citada se habían concretado 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias en distintos puntos de la provincia.
Según informó Rosario 3, en esos procedimientos se secuestraron 51 elementos de interés, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones.
En el marco de las investigaciones se identificaron al menos 73 personas, 23 de ellas residentes en Rosario. Aproximadamente el 95% de los involucrados son menores de edad, lo que indica una participación mayoritaria de jóvenes en estos hechos.
Ante esta situación, el MPA hizo un llamado a padres y adultos responsables para reforzar las medidas de custodia de armas y material balístico: recomendaron mantener esos elementos bajo llave y fuera del alcance de niños y adolescentes, subrayando la importancia de la guarda segura para prevenir riesgos.
Continúan las amenazas narco en las escuelas de Rosario
Además de las alertas por posibles tiroteos, en los últimos días se detectaron dos banderas con amenazas vinculadas al narcotráfico en escuelas de Rosario. Esas advertencias, dirigidas también a centros de salud, se sumaron a otros episodios que generaron preocupación entre padres, docentes y trabajadores del sector.
El viernes 17 de abril, el personal de la escuela secundaria No 350 “Provincia de Santa Fe” y de la primaria No 1.337 Sylvestre Begnis halló mensajes intimidatorios colgados en las rejas. En los textos se aludía a un posible ataque y se mencionaban integrantes de la organización conocida como Los Monos y a miembros de la barra brava de Rosario Central, entre ellos Andrés Bracamonte, identificado como hijo de un referente del grupo.
Los mensajes aparecieron poco después de las 10 de la mañana y fueron retirados por las autoridades, que dieron intervención a la Policía. Las fuentes indicaron que no se trató de hechos aislados: en los tres días previos se encontraron otras dos banderas con textos similares en la escuela Luis María Drago y en un centro de salud de la zona de Bolonia.
En menos de una semana, cuatro instituciones públicas recibieron advertencias de este tipo. La reiteración de los nombres y la modalidad empleada sugieren una estrategia sostenida por parte de grupos vinculados al crimen organizado para marcar presencia y enviar mensajes a sectores específicos de Rosario.
Estos episodios se inscriben en una serie más amplia registrada durante marzo, cuando otras escuelas y hasta un puente peatonal sobre la ruta 34 S y la autopista Rosario–Santa Fe fueron objeto de mensajes similares. También el Policlínico San Martín fue blanco de amenazas con los mismos protagonistas.
Ante la persistencia de estas intimidaciones, autoridades educativas y sanitarias decidieron suspender actividades en algunos establecimientos, como ocurrió en la escuela No 1.210 “Luis Rullan”. Allí, la aparición de un encendedor con forma de granada y una nota dirigida a dos hombres detenidos por narcomenudeo motivó la suspensión para preservar la seguridad de alumnos y docentes.
La respuesta institucional incluyó la intervención policial y peritajes sobre las banderas y notas secuestradas, en busca de indicios que permitan identificar a los autores materiales. Padres y docentes reclaman medidas concretas para frenar la escalada de intimidaciones y recuperar la tranquilidad en escuelas y centros de salud.
