En una votación que evidenció diferencias dentro del oficialismo y marcó un nuevo episodio en la disputa por las designaciones judiciales, el Senado avanzó con el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli, cuya postulación había recibido objeciones por parte del presidente Javier Milei.
La decisión fue interpretada como un desafío a la postura de la Casa Rosada, que días antes había intentado frenar el nombramiento. A pesar de ello, una amplia mayoría de senadores apoyó la continuidad del trámite y habilitó el debate en el recinto.
La postulación de Michelli se volvió foco de controversia luego de que el Gobierno manifestara reparos, lo que generó cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo y un debate sobre los criterios aplicados para evaluar candidatos a cargos judiciales.
Durante la sesión, representantes de distintos bloques defendieron el respeto a los procedimientos institucionales y señalaron que la candidata había cumplido con las instancias necesarias para llegar a la votación en la Cámara Alta.
La discusión también dejó en evidencia diferencias internas en La Libertad Avanza y entre sus aliados parlamentarios: algunos consideraron que el retiro de la postulación carecía de fundamento suficiente, mientras que otros respaldaron la postura impulsada desde el Ejecutivo.
Finalmente, el pliego obtuvo respaldo mayoritario, consolidando una postura contraria a la estrategia del Gobierno y constituyendo una señal de autonomía por parte del Senado frente a la Casa Rosada.
La votación se dio en un contexto de creciente tensión política entre el Ejecutivo y diversos sectores del Congreso, donde las negociaciones sobre proyectos clave y nombramientos judiciales siguen generando cruces intensos.
Ahora la atención se orienta a los pasos administrativos y políticos que seguirán tras la decisión parlamentaria, en un escenario donde la relación entre el Gobierno nacional y parte de sus aliados muestra signos de desgaste.
El episodio se suma a una serie de debates recientes sobre el funcionamiento institucional y el rol del Senado en la aprobación de cargos judiciales, una atribución que la Constitución otorga a la Cámara Alta como parte del sistema de controles y equilibrios entre poderes.
