Pakistán llevó a cabo bombardeos en el este de Afganistán que, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), dejaron al menos 28 civiles muertos y 49 heridos; la ONU advirtió que esas cifras son preliminares. El gobierno talibán ofreció una cifra mayor, con 36 fallecidos —incluyendo mujeres y niños— y más de 163 heridos.
Los ataques aéreos y terrestres ocurrieron la noche del domingo en las provincias fronterizas de Paktia, Paktika y Kunar. El portavoz adjunto del gobierno afgano, Hamdulá Fitrat, señaló que un primer bombardeo alcanzó una vivienda en el distrito de Chamkani (Paktia), donde murieron un anciano y un niño. Cuando los vecinos acudieron a auxiliar, la zona fue atacada una segunda vez; según Fitrat, ese segundo impacto causó la muerte de 28 aldeanos y dejó 158 heridos.
En el distrito de Giyan, en Paktika, otra vivienda fue alcanzada y seis personas —mayoritariamente mujeres y niños— perdieron la vida. Un tercer ataque en Kunar no provocó víctimas humanas, pero destruyó completamente una propiedad y mató alrededor de 30 cabezas de ganado.
El ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, defendió las operaciones como respuesta a “múltiples incidentes terroristas” en territorio pakistaní y afirmó que los objetivos eran refugios de Jamaat-ul-Ahrar —una escisión del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)— y del grupo al que Pakistán se refiere como Fitna al-Khwarij (identificado con el TTP). Según Tarar, los ataques de precisión abatieron a 25 combatientes y destruyeron una cantidad significativa de armas y municiones.
El detonante inmediato fue un asalto el sábado por la noche contra el cuartel general de los Rangers en Karachi, que provocó la muerte de tres soldados y dejó cuatro heridos. Jamaat-ul-Ahrar reivindicó ese ataque. Las fuerzas de seguridad abatieron a tres agresores y detuvieron a un cuarto, que el ejército identificó como ciudadano afgano; la policía difundió una declaración del detenido atribuyendo la planificación del atentado a Jamaat-ul-Ahrar, aunque no está claro si la confesión fue obtenida bajo coacción.
Tarar publicó en la red X tres videos que, según dijo, muestran proyectiles impactando en campamentos de los grupos armados en las tres provincias afganas, y aseguró que la campaña “continuará a plena marcha” para eliminar la amenaza del terrorismo apoyado desde el extranjero.
El Ministerio de Exteriores afgano convocó al encargado de negocios de Pakistán en Kabul para presentar una protesta por la “violación del espacio aéreo afgano y los bombardeos contra viviendas civiles”. En un comunicado en redes sociales, el ministerio acusó al gobierno pakistaní de infringir normas internacionales, de derechos humanitarios y de vulnerar la soberanía nacional.
El portavoz del ejecutivo talibán, Zabihulá Muyahid, calificó la ofensiva de “cobarde acto de agresión” y de “acto de brutalidad”. El viceministro de Publicaciones del Ministerio de Información y Cultura, Hayatula Mohajer Farahi, advirtió que Afganistán responderá “a su debido tiempo”. El portavoz adjunto de Exteriores afgano, Zia Ahmad Takal, acusó a Islamabad de atribuir repetidamente a Kabul incidentes de seguridad ocurridos en Pakistán “sin pruebas creíbles”.
Pakistán, por su parte, citó al principal diplomático afgano en Islamabad para expresar su protesta por la supuesta participación de nacionales afganos en ataques recientes en territorio paquistaní, incluido el de Karachi.
En paralelo, el Ministerio del Interior de Pakistán emitió una directiva que ordena el arresto inmediato, a partir del 10 de julio, de cualquier ciudadano afgano que resida en el país sin visado válido. Según datos de la ONU, cerca de dos millones de afganos viven en Pakistán, de los cuales unos 800.000 están registrados como refugiados. Además, el 30% de las personas afganas asistidas que cruzaron la frontera en la última semana no portaban documentación.
India condenó los bombardeos, calificándolos de “flagrante acto de agresión contra la soberanía” afgana y de una “amenaza directa a la paz y estabilidad regionales”, y rechazó las acusaciones pakistaníes sobre una supuesta implicación india en el apoyo al TTP. El portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaiswal, consideró esas imputaciones “infundadas” y pidió a Pakistán que actúe de forma creíble contra la infraestructura terrorista en su territorio.
Las tensiones entre ambos países se intensificaron a finales de febrero, cuando Islamabad declaró una situación de “guerra abierta” tras una serie de ataques terroristas y bombardeos transfronterizos. Un informe de UNAMA publicado en mayo registró al menos 372 civiles afganos muertos entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Una tregua temporal en marzo no se consolidó y las hostilidades se reanudaron.
Los bombardeos del domingo pusieron fin a cerca de un mes de relativa calma. Varias rondas de negociaciones, incluida una mediación de China en abril, no lograron mantener un cese sostenido de las hostilidades. Desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 las relaciones bilaterales se han deteriorado y la frontera ha permanecido en gran medida cerrada desde el recrudecimiento de la violencia en octubre.
