La morosidad de los créditos familiares y empresariales aumentó en los últimos meses hasta niveles no registrados en veinte años. Según la Central de Deudores del Banco Central, el incumplimiento pasó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En el sector empresarial el ratio subió del 3,3% al 3,5% y el total de préstamos al sector privado llegó al 7,7%. Estos indicadores generan alarma en el sistema financiero y complican la recuperación del consumo interno.
El empeoramiento en la capacidad de pago se traduce en que más del 27% de quienes accedieron a un crédito dejaron de ser considerados sujetos de crédito, afectando a casi siete millones de personas. Esta exclusión impide el acceso a nuevas financiaciones y limita las vías tradicionales para regularizar deudas. Los saldos en mora, tanto en bancos como en entidades no bancarias, muestran una pérdida de solvencia extendida.
La crisis crediticia impacta con mayor intensidad en los más jóvenes: el 40% de las personas menores de 35 años con créditos activos tiene al menos una obligación en situación irregular. Entre 18 y 25 años la morosidad alcanza el 42,8% y entre 26 y 35 años llega al 39,3%. En los grupos de 36 a 45 años y de 46 a 55 años las cifras bajan a 31% y 23,5% respectivamente, pero siguen siendo elevadas.
En las entidades no financieras, que concentran cerca del 17% de los créditos a familias, la mora trepó al 32,2% en mayo, frente a menos del 10% hace año y medio. Esto indica que la tensión crediticia se extiende fuera del circuito bancario tradicional hacia formas de financiamiento alternativas, con efectos directos sobre la estabilidad de los hogares.
Paralelamente, los bancos privados redujeron la oferta de préstamos: limitaron nuevos otorgamientos, endurecieron requisitos y evitaron actualizar límites en productos como tarjetas de crédito. La estrategia busca limpiar carteras, preservar liquidez y bajar riesgos en un contexto de caída del consumo y alta volatilidad macroeconómica.
Medidas bancarias y programas públicos para aliviar la mora
La banca pública actuó como sostén, manteniendo niveles de crédito y lanzando propuestas para mitigar la mora. El Banco Provincia implementó el plan “Ponete al día”, que permite regularizar deudas en mora hasta el 31 de mayo con reducción de tasas, plazos de hasta 72 meses y condiciones según el perfil crediticio. El esquema distingue mora temprana (hasta 90 días) y avanzada, con tasas anuales que parten del 50% para quienes cobran sueldos, jubilaciones o pensiones en la entidad, y reducciones adicionales para ingresos bajos. También prevé una alternativa específica para refinanciar tarjetas con plazos y tasas acotadas.
Estos programas apuntan a los sectores más vulnerables. Según el banco, en los primeros cinco meses del año se realizaron más de 66.000 acuerdos de recuperación por 234.000 millones de pesos, lo que representa un aumento del 157% respecto al mismo periodo del año anterior.
La presión sobre los ingresos familiares es una preocupación central. Una encuesta de la consultora Zentrix mostró que el 53% de los votantes del oficialismo considera el endeudamiento personal su principal inquietud económica. Entre los votantes opositores predominan la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo, seguidas por la preocupación por los ingresos y salarios. En el electorado oficialista también aparecen la corrupción y la incertidumbre económica, aunque en menor medida.
Sobre la relación entre salarios e inflación, dos tercios de los votantes oficialistas perciben que sus ingresos no alcanzan para compensar la suba de precios. A pesar de ello, el 18,5% afirma poder ahorrar, una proporción tres veces mayor que la de los votantes opositores, en cuya mayoría los ingresos solo alcanzan hasta alrededor del día 20 de cada mes.
Los bancos sostienen que no ampliarán préstamos hasta reducir riesgos y depurar carteras. La falta de demanda, el estancamiento del consumo y la preferencia por colocar fondos en deuda pública explican la retracción. Una excepción es el crédito en dólares, que creció impulsado por el comercio exterior y la prefinanciación de exportaciones; algunas entidades piden flexibilizar condiciones para préstamos en moneda extranjera, aunque subsisten restricciones heredadas de la crisis de 2001.
Diversas provincias lanzaron programas de desendeudamiento para contener la mora y aliviar a los sectores más afectados. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un plan de refinanciación para préstamos personales y tarjetas con tasas máximas del 35% y plazos desde 24 cuotas, destinado a hogares con ingresos bajos y atrasos entre 60 y 180 días. En la provincia de Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba se implementaron esquemas similares, con plazos extendidos, bonificaciones y condiciones especiales para empleados estatales, jubilados y trabajadores privados o autónomos.
En el ámbito legislativo, hay varios proyectos de desendeudamiento familiar en discusión en el Congreso, impulsados por distintos bloques, lo que refleja la dimensión política y social del problema y la búsqueda de soluciones para evitar mayor exclusión financiera.
Desde el Gobierno se apuesta a que la mejora de las variables macroeconómicas permita recuperar el crédito. El portavoz presidencial Adrián Ravier afirmó que la reactivación del crédito depende de reducir la inflación y que una baja de tasas favorecerá la actividad económica, la inversión y el consumo.
El último dato de inflación, del 2,1%, alimenta las expectativas oficiales de una desaceleración futura que ayude a romper la inercia inflacionaria. No obstante, la recaudación tributaria muestra una caída real del 5,6% respecto al año anterior, lo que genera tensiones con las provincias y complica la posibilidad de llegar a acuerdos fiscales entre Nación, provincias y municipios.
