En la última sesión del año, el Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Pablo Descalzo. La iniciativa obtuvo el respaldo de la mayoría oficialista peronista, mientras que los bloques opositores —incluyendo espacios libertarios y el PRO— votaron en contra, calificando el plan de gasto como “improductivo” y señalando un peso elevado de la estructura política sobre los recursos del municipio.
El cálculo de recursos y gastos para 2026 se fijó en torno a 87.500 millones de pesos, monto inferior al presupuesto ejecutado en 2025. Esto contrasta con aumentos de las tasas municipales del 34% durante 2025 y un ajuste previsto del 25% para enero. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2025 se gastaron más de 51.000 millones, circunstancia que alimenta críticas sobre un ajuste nominal y la posible subestimación de necesidades reales.
Días antes, el Concejo aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva, que habilita los incrementos de tasas y funciona como marco para la discusión presupuestaria. Con esa herramienta, el oficialismo avanzó en la sanción del cálculo de recursos en un contexto de tensión por el impacto esperado en los vecinos y en los servicios municipales.
El concejal Cristian Lanaro, del PRO, cuestionó que más del 60% del presupuesto se destine a sueldos y afirmó que ese nivel de gasto no mejora los servicios públicos. También se señaló que la figura del intendente implicaría un costo anual estimado en 62 millones de pesos para el municipio.
Organizaciones vecinales, como la Asociación de Vecinos de Parque Leloir, manifestaron su rechazo a la cesión de terrenos fiscales a proyectos privados, citando como ejemplo el estacionamiento subterráneo proyectado en la Plaza 20 de Febrero, que permanecerá clausurada durante dos años.
El presupuesto aprobado autoriza al Ejecutivo a utilizar de forma transitoria recursos afectados para cubrir apremios financieros. La oposición advirtió que ese mecanismo podría abrir posibilidades de discrecionalidad en el manejo de fondos.
El oficialismo defendió la medida como necesaria para garantizar la continuidad de la gestión y afrontar el déficit heredado.
