La Unidad de Información Financiera (UIF) implementó un mecanismo estricto para detectar y reportar de forma inmediata operaciones sospechosas relacionadas con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este procedimiento es obligatorio para todas las personas y entidades vinculadas a este tipo de bienes o actividades.
La medida entró en vigor tras la publicación de la Resolución 3/2026 en el Boletín Oficial. El presidente de la UIF, Paul Starc, dispuso que los sujetos obligados deberán informar cualquier operación vinculada a bienes o activos que puedan estar bajo control de personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Además, se exigirá la notificación de cualquier circunstancia que sugiera vínculos con programas de desarrollo de armas nucleares, biológicas, químicas o misiles balísticos, en línea con las resoluciones 1718 (2006) y 1737 (2006) del Consejo de Seguridad.
Están obligados a cumplir la normativa los sujetos incluidos en el artículo 20 de la Ley 25.246 sobre encubrimiento y lavado de activos: entidades financieras; casas, agencias y oficinas de cambio; remesadoras de fondos; empresas de transporte de caudales; emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y pagos; y proveedores no financieros de crédito.
Los reportes de operaciones sospechosas por financiamiento de la proliferación deben realizarse sin demora, con un plazo máximo de 24 horas desde la realización o tentativa de la operación.
Si existe una imposibilidad material para informar en ese plazo, el sujeto obligado deberá solicitar de inmediato la intervención judicial correspondiente y notificar tanto al tribunal actuante como a la UIF a la mayor brevedad.
La normativa prevé el congelamiento administrativo inmediato de los bienes o activos involucrados, lo que implica su inmovilización y la prohibición de disposición, transferencia o manejo. Esta medida alcanza a activos tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y a bienes en soporte físico o digital.
La UIF podrá disponer el congelamiento mediante resolución fundada cuando lo considere procedente y proporcionará instrucciones a los sujetos obligados sobre las acciones específicas a adoptar en cada caso.
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Una vez notificados del congelamiento, los sujetos obligados deben cotejar sus bases de datos, informar sobre operaciones previas y posteriores con las personas o entidades sancionadas, y mantener bloqueados todos los bienes o activos detectados durante la vigencia de la medida.
El procedimiento exige el uso del sistema Reporte Orden de Congelamiento y la remisión de toda la información pertinente en un plazo que no supere las 24 horas desde la comunicación oficial del congelamiento.
Durante la vigencia de la medida, los sujetos obligados deben abstenerse de informar a clientes o terceros sobre la naturaleza o antecedentes del congelamiento. Solo se podrá comunicar que los bienes se encuentran “congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 26.734, en el Decreto N° 918/2012 y sus modificatorios, y en la presente resolución”.
El congelamiento administrativo permanecerá mientras las personas o entidades afectadas continúen integrando las listas sancionadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las solicitudes de descongelamiento deberán tramitarse ante el juez federal con competencia penal correspondiente.
El incumplimiento de estas obligaciones acarreará las sanciones previstas en el artículo 11 de la resolución y en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificaciones, que pueden incluir multas y la inhabilitación hasta por cinco años.
