Es difícil coincidir sobre la interpretación de la historia cuando distintos actores políticos manejan datos diferentes, hablan desde marcos conceptuales opuestos y, en la práctica, utilizan lenguajes distintos para describir la misma realidad.
Quienes integran el antiperonismo —incluyendo sectores libertarios, buena parte del PRO que se alinea con Javier Milei y corrientes conservadoras del radicalismo— sostienen la narrativa de “cien años de decadencia”. Desde esta perspectiva se presenta un pasado privilegiado para las clases dominantes que, según sus defensores, habría sido perdido por decisiones políticas posteriores.
Ese relato de grandeza suele enmarcarse desde la óptica de las élites, especialmente las vinculadas a la agricultura y la ganadería, y contrasta con la visión que valora la justicia distributiva y el bienestar de las mayorías. En otras palabras, hay una tensión entre medir el país por la posición de sus sectores más poderosos o por el grado de equidad social que garantiza para la población.
El pasado al que aluden los sectores conservadores incluía prácticas como el control electoral y formas de dependencia que limitaban los derechos políticos de trabajadores y grupos populares. Informes históricos, como el referido a Bialet Massé, documentaron entonces condiciones de pobreza y actitudes de desprecio hacia pueblos originarios y sectores populares, fenómenos que luego se expresaron en apelativos peyorativos en distintos momentos.
Quienes ubican el origen de la crisis en las décadas de 1940 argumentan que se produjo un quiebre respecto a un supuesto país industrialmente competitivo. Otros, en cambio, señalan que esa interpretación minimiza las falencias estructurales de la dirigencia de entonces, incluida su escasa apuesta por la industrialización y su consecuente responsabilidad en el declive relativo frente a países vecinos.
El peronismo es reconocido por muchos analistas por haber promovido políticas de mayor justicia social y por convocar a amplios sectores populares. El golpe de 1955 implicó una ruptura política con episodios de represión contra la población civil y la militancia, y constituyó un cuestionamiento al poder popular, aunque las evaluaciones difieren sobre su impacto inmediato en el desarrollo económico.
En los años 70, la muerte de Juan Domingo Perón es vista por diversos historiadores como un factor que generó un vacío de poder y que debilitó al gobierno de ese momento. Al momento del golpe de 1976, la deuda externa era relativamente baja y la desocupación no había alcanzado niveles altos; sin embargo, las políticas económicas aplicadas por la dictadura, vinculadas a figuras como José Alfredo Martínez de Hoz, promovieron cambios estructurales —por ejemplo, con la Ley de Entidades Financieras— que favorecieron la renta financiera por sobre la producción y dejaron efectos duraderos en la economía.
Quienes crecieron en periodos de mayor integración social y pleno empleo perciben la narrativa de los “cien años” como la versión de una minoría que acumuló riqueza sin asumir responsabilidades por las consecuencias sociales de su proyecto. En la coyuntura actual, críticos del gobierno de Milei sostienen que su agenda—incluida la búsqueda de reformas laborales—responde a intereses concentrados y que su discurso en ocasiones privilegia a quienes eluden obligaciones tributarias.
En síntesis, el debate sobre la historia argentina reúne dos horizontes normativos: uno que prioriza la posición de las elites económicas y otro que enfatiza la distribución del ingreso y la intervención estatal para garantizar derechos. Desde distintas posiciones se plantea que no puede construirse un país sin Estado ni sin mecanismos distributivos adecuados; por ello, las propuestas que relajan controles fiscales y laborales generan cuestionamientos sobre su capacidad para sostener una sociedad con protección y equidad.
