El gobierno iraní divulgó este viernes su propio recuento de víctimas de las protestas iniciadas a finales de diciembre, en un intento por fijar su versión de los hechos ante la fuerte condena internacional.
El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, informó que 3.117 personas fallecieron durante las manifestaciones, entre ellas 600 a las que el régimen calificó de “terroristas”, además de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.
Según Araqchi, del total de muertos 2.427 corresponden a “civiles y agentes de seguridad”.
“Entre los muertos hay 600 terroristas”, afirmó el ministro en un mensaje público, sin detallar los criterios de esa clasificación ni aportar verificación independiente de la cifra.
Es el primer reconocimiento oficial amplio desde el inicio de los enfrentamientos, después de semanas con comunicados parciales y versiones fragmentarias.
El anuncio se produjo pocos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, un organismo estatal que asiste a familiares de fallecidos en conflictos, difundiera un balance similar.
Observadores internacionales interpretan que la intervención de una entidad ligada históricamente a contextos bélicos para informar sobre víctimas internas subraya la gravedad de la crisis.
Las cifras oficiales contrastan con estimaciones de organizaciones de derechos humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos y de decenas de miles de detenidos, y denuncian el uso de fuerza letal contra manifestantes y detenciones masivas sin garantías procesales.
Araqchi también atribuyó a los disturbios una destrucción significativa de infraestructura pública, y aseguró que los “ataques terroristas” dejaron dañados más de 400 edificios oficiales, 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias, 800 vehículos y cerca de 5.000 centros religiosos.
Las protestas comenzaron a finales de diciembre en un contexto de profunda crisis económica, con el desplome del rial y una inflación persistente que afecta a amplios sectores. Se multiplicaron en Teherán y otras ciudades con demandas sobre la situación económica y críticas al gobierno; la respuesta de las fuerzas de seguridad fue rápida y contundente.
El régimen ha responsabilizado a actores externos y a opositores en el exilio de haber alimentado los disturbios para justificar una intervención internacional; esa narrativa se reforzó tras advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles acciones si continuaba la represión.
Entretanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que “deplora profundamente” la situación en Irán y reclama el fin de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas contra manifestantes pacíficos.
El texto insta además a garantizar juicios ante tribunales competentes, independientes e imparciales y a evitar condenas a muerte por delitos que no constituyan los más graves.
El Alto Comisionado Volker Türk, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hizo un llamamiento a las autoridades iraníes para que reconsideren sus acciones y pongan fin a la represión contra los manifestantes.
(Con información de Europa Press y EFE)
