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En enero de 2026 Siria recuperó la unidad territorial perdida hace catorce años, pero a costa de cerrar la experiencia política más ambiciosa de su periodo reciente. El proyecto surgido en 2012, inspirado en ideas de democracia directa relacionadas con Abdullah Öcalan, terminó con la integración forzosa de sus milicias al ejército nacional y la disolución de sus instituciones de autogobierno.
La derrota no fue resultado de una gran batalla exterior, sino de una implosión interna: las tribus árabes que sostuvieron en buena medida a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) desertaron en masa cuando Damasco les ofreció reincorporarse al Estado. En cuestión de días, alrededor del 90% del territorio controlado por la administración autónoma cambió de manos. Estados Unidos retiró su respaldo; y las contradicciones internas de un proyecto que aspiraba a superar las lógicas del poder —pero que reprodujo prácticas autoritarias, clientelistas y dependientes del petróleo— terminaron por minarlo desde dentro.
El acuerdo de enero fue el segundo intento serio de negociación desde la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Un pacto similar alcanzado en marzo de 2025 no llegó a concretarse por desacuerdos en varios puntos. Esta vez, la presión militar fue decisiva: en un solo fin de semana las fuerzas gubernamentales arrebatron amplios territorios a las fuerzas kurdas y les forzaron a aceptar condiciones que antes rechazaban. Para Charles Lister, director del Programa de Siria en el Middle East Institute de Washington, el resultado fue un “colapso operativo casi total” de las fuerzas kurdas; la ofensiva iniciada el 6 de enero arrebató en menos de dos semanas gran parte del territorio controlado por ellas, incluidas ciudades como Raqqa y Deir ez-Zor.
Una oportunidad en medio del desastre
La administración conocida como Rojava —oficialmente la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria— nació como una respuesta política al vacío dejado por el régimen en 2012, cuando Assad concentró tropas en otros frentes. El Partido de la Unión Democrática (PYD) y sus milicias YPG/YPJ establecieron entonces estructuras locales con propuestas de base comunal, feminismo y rechazo del Estado-nación.
La defensa de Kobane en 2014 contra el Estado Islámico fue el episodio que proyectó ese proyecto internacionalmente y consolidó la alianza con la coalición liderada por Estados Unidos. Las FDS, creadas en 2015, ampliaron su presencia hasta controlar cerca de un tercio del país, incluidos campos petroleros y zonas agrícolas clave como la región de Jazira.
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Sin embargo, ese éxito tuvo costes. Por presión de los aliados occidentales, las fuerzas kurdas asumieron el control de amplias zonas de mayoría árabe en Deir ez-Zor y Al-Raqa, lo que generó tensiones. Como señaló el académico Cédric Labrousse en L’Opinion, muchas tribus árabes aceptaron la administración kurda mientras la alternativa inmediata era volver al régimen de Assad.
El reverso de la utopía
Tras la imagen de Rojava como un experimento feminista y democrático se ocultaban contradicciones significativas. Observadores y organizaciones documentaron prácticas autoritarias: exclusión de la oposición, reclutamientos forzosos y censura, según informes del Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión.
La propuesta de una “tercera vía” chocó con la dependencia material de una economía extractiva y con la alianza militar y logística con Estados Unidos. Investigaciones como la de Faris Zwirahn en New Lines Magazine muestran que el poder efectivo residía en una red de cuadros vinculados al PKK que operaba paralelamente a las instituciones locales, limitando la autonomía real de consejos civiles y mandos militares en zonas de mayoría árabe.
Zwirahn documentó episodios de represión cultural y política —prohibiciones simbólicas, detenciones por mostrar la bandera nacional— que indicaban una gobernanza más coercitiva de lo que su reputación internacional sugería. Esas tensiones internas explican por qué el proyecto se desmoronó con rapidez cuando llegó la crisis: la base social árabe nunca asumió plenamente la administración kurda.
Colapso interno y traición
En enero de 2026 la ofensiva gubernamental encontró poca resistencia organizada y, en varias áreas, fue recibida sin combates prolongados. Durante los avances,tribus árabes que habían integrado las FDS cambiaron su lealtad y facilitaron la toma de enclaves; en algunos casos proporcionaron acceso y apoyo estratégico. Turquía fue acusada por los kurdos de contribuir con bombardeos de drones.
La figura de Ahmed al-Sharaa, un líder árabe que se presentaba como moderado, ofreció a muchas tribus la posibilidad de reintegrarse al Estado sirio, algo que para ellas tenía mayor atractivo que continuar bajo la administración kurda. Sin apoyo árabe ni respaldo efectivo de Washington, las YPG/YPJ quedaron aisladas y la llegada de las tropas gubernamentales se vivió en ciudades como Raqqa con una recepción que puso de manifiesto la percepción de ocupación que sentían algunos habitantes.
El abandono estadounidense
Un factor decisivo fue el cambio de posición de Estados Unidos. Durante las semanas de combates, los kurdos criticaron la falta de asistencia. El 20 de enero, el enviado estadounidense para Siria, Thomas Barrack, afirmó en su cuenta de X que ya no veía motivo para que los aliados kurdos lideraran la lucha contra el Estado Islámico y describió al gobierno central como el “socio natural” de Washington.
Barrack reconoció la contribución de las FDS contra el califato en 2019, pero argumentó que la situación había cambiado y que un Estado central sirio más integrado era ahora interlocutor posible; en 2025 Siria se había sumado formalmente a la Coalición Global para Derrotar al EI. Observadores como el Instituto para el Estudio de la Seguridad Nacional (INSS) de Israel señalaron que la administración estadounidense optó por favorecer la estabilidad estatal y las relaciones con Turquía por encima de mantener un enclave kurdo autónomo.
Derechos culturales, cero poder
Como contrapartida política, el gobierno de Al-Sharaa promulgó el Decreto Presidencial número 14, que reconoce al pueblo kurdo como componente de Siria, oficializa su lengua y declara el Nowruz festividad nacional, derechos que les habían sido negados históricamente. Para algunos analistas, como Fabrice Balanche, se trata de medidas principalmente simbólicas: el reconocimiento cultural llega al tiempo que se recupera el control sobre recursos claves como los campos petroleros.
El acuerdo exige la integración “individual” de combatientes en el ejército nacional, tras controles de seguridad, lo que desmantela la cadena de mando previa. Además obliga a expulsar a combatientes extranjeros de las YPG. Chatham House advirtió que disolver estas unidades en regimientos de mayoría árabe podría provocar tensiones internas en el nuevo ejército.
La desconfianza mutua persiste: Damasco ve a las FDS como grupúsculos separatistas apoyados por extranjeros; muchos kurdos desconfían de un ejército nacional aún fragmentado por lealtades de la guerra civil. Informes del International Crisis Group han señalado que el gobierno prioriza control territorial frente a la contención efectiva de amenazas como la reaparición del Estado Islámico.
El espectro de la insurgencia
Analistas internacionales han advertido que, aunque el acuerdo evitó combates mayores inmediatos, las condiciones podrían incubar una insurgencia prolongada. Algunos observadores consideran que la capitulación fue la vía para evitar un desastre humanitario inmediato, pero también alertan del riesgo de una guerra de guerrillas kurda si la integración fracasa, y del posible resurgimiento del Estado Islámico que aproveche el vacío y el desorden durante la transición.
Mientras la situación sigue siendo fluida, las YPG han buscado apoyos externos y surgieron llamadas públicas para que actores como Israel intervengan en su favor, aunque no está claro si esos reclamos tendrán eco. En suma, la desaparición de la experiencia autónoma kurda en Siria plantea una nueva fase en la que el control territorial se ha restaurado formalmente, pero persisten importantes desafíos políticos, de seguridad y humanitarios que podrían prolongar la inestabilidad.
