El Gobierno estudia saldar deudas con las empresas constructoras mediante la emisión de bonos.
La paralización de la obra pública afecta de manera considerable a las provincias del NEA, según la Fundación Mediterránea.
Fondos ya recaudados
Lo llamativo es que gran parte del dinero destinado a obras ya fue recaudado mediante tributos con asignación específica. Según el Instituto Argentina Grande, entre fines de 2023 y comienzos de 2026 se acumularon, a pesos constantes, aproximadamente $6 billones que deberían haberse utilizado en infraestructura.
En detalle, alrededor de $3 billones provienen del impuesto a los combustibles líquidos destinados al fideicomiso de infraestructura de transporte y al sistema vial integrado, y otros $3 billones corresponden al Impuesto PAIS durante su vigencia en 2024.
Desde el Instituto —que agrupa a los equipos técnicos del ministro bonaerense Gabriel Katopodis— señalan que “es una trampa”, porque los recursos para las obras figuran en partidas del Presupuesto que no se ejecutan. Añaden que ahora se utilizan las obras para conformar un fondo y reponer el dinero que se destinó al pago de intereses de la deuda.
Caída y meseta
Según datos de las constructoras, entre fines de 2023 y mediados de 2024 el sector sufrió una caída del 25%. Desde entonces la actividad se mantuvo en una meseta y, en ese periodo, se perdieron cerca de 120.000 puestos de trabajo que aún no se han recuperado.
En diálogo con Ahora Play, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, atribuyó la caída principalmente a la “casi nula” inversión en infraestructura pública a nivel nacional y afirmó que el sector quedó absorbido por el ajuste fiscal.
