La causa se inició en enero, luego de una denuncia presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.o 3, especializada en ciberdelito y dependiente del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. En la denuncia se describió una maniobra atribuida a la denominada “sextorsión”: según la presentación, una mujer exigía dinero a un hombre a cambio de no divulgar material íntimo.
Tras recopilar pruebas en el marco de la investigación, el Juzgado de Garantías N.o 7 del Departamento Judicial de Ezeiza, a cargo del juez Horacio Héctor Hryb, autorizó un allanamiento. El operativo se realizó en una vivienda situada en la calle General Paz al 700, donde se concretó la detención de la imputada. Durante el procedimiento las autoridades secuestraron un teléfono celular, una CPU y documentación considerada de interés para la causa.
La detenida, una mujer de 32 años y nacionalidad argentina, quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones procesales correspondientes. El legajo judicial seguirá su curso para determinar responsabilidades y aportar mayores precisiones sobre la conducta investigada y las pruebas recabadas.
El caso se inscribe en la creciente atención que las fiscalías y unidades especializadas prestan a los delitos vinculados con la explotación y el uso indebido de material íntimo. En términos generales, la sextorsión consiste en la amenaza de divulgar imágenes o videos íntimos de una persona para obtener un beneficio económico, sexual o de otro tipo. Por su naturaleza, estos hechos suelen investigarse en unidades especializadas en ciberdelito, que combinan herramientas de análisis digital, peritajes informáticos y medidas judiciales —como allanamientos y secuestro de dispositivos— para reconstruir la cadena de comunicación y determinar la autoría.
La actuación judicial en este episodio siguió el procedimiento habitual: una denuncia inicial, la recopilación de indicios por parte del fiscal o la unidad investigadora, y la autorización judicial para prácticas de prueba que pueden incluir la incautación de equipos electrónicos. Los dispositivos secuestrados serán objeto de peritajes que buscan extraer información relevante (mensajería, archivos, registros de acceso) mientras se garantiza la cadena de custodia para que la evidencia sea válida en el proceso.
El avance del expediente dependerá ahora de los resultados de esos peritajes y de las decisiones que adopten el Ministerio Público y el juez a cargo. Hasta tanto se complete la instrucción, la imputada permanece bajo el control judicial, con las garantías procesales correspondientes. El caso remarca la atención institucional sobre los delitos digitales y la respuesta coordinada entre unidades especializadas y los jueces competentes para investigar y sancionar estas conductas.
