La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, denunció que miles de manifestantes heridos en las recientes protestas habrían sido sacados de hospitales y detenidos por fuerzas de seguridad, lo que constituiría una grave vulneración del derecho a la atención médica protegido por el derecho internacional.
Sato, quien también es profesora en la Universidad Birkbeck de Londres, afirmó haber recibido múltiples reportes sobre retiradas forzosas de pacientes en hospitales de distintas provincias. Según explicó a Reuters, familiares que fueron al día siguiente no encontraron a sus seres queridos, y en algunos casos se les exigió entre 5.000 y 7.000 dólares para recibir los cuerpos, una carga económica significativa dadas las condiciones actuales en el país.
La agencia de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, estima que las muertes relacionadas con las protestas ascienden a 5.937, incluyendo 214 miembros de las fuerzas de seguridad; las autoridades iraníes reconocen oficialmente 3.117 fallecidos. Sato y Reuters señalaron que no han podido verificar de forma independiente esas cifras, aunque la relatora considera que las víctimas mortales superan ampliamente los datos oficiales.
Profesionales sanitarios entrevistados bajo condición de anonimato por Reuters confirmaron que las fuerzas de seguridad han entrado en hospitales, sacado a pacientes y revisado registros para localizar y detener a manifestantes heridos. Un médico de Rasht relató que, tras intervenciones por heridas de bala, decenas de pacientes fueron retirados por la Guardia Revolucionaria y su paradero se desconoce. En hospitales de Teherán, una enfermera y dos médicos dijeron que agentes de la Guardia y la policía inspeccionaron habitaciones en busca de heridos vinculados a las protestas.
Estas prácticas han disuadido a muchas personas de buscar atención médica por miedo a ser arrestadas, lo que pone en riesgo la vida y la salud de los heridos. Sato advirtió que ello vulnera el principio de neutralidad médica establecido en los Convenios de Ginebra, que protege a profesionales, centros y pacientes para garantizar una atención imparcial.
Según los informes citados por Sato, las fuerzas de seguridad han disparado a manifestantes en el pecho y la cabeza en las 31 provincias del país, apuntando a órganos vitales y empleando fuerza letal de forma indiscriminada. El derecho internacional autoriza ese tipo de uso de la fuerza solo como último recurso y de manera proporcional. La relatora aseguró que estos hechos podrían constituir “muertes ilegales y ejecuciones arbitrarias” y advirtió además de un aumento de las lesiones oculares por perdigones durante las protestas.
Sato también denunció que las exigencias económicas para entregar cadáveres agravan el sufrimiento de las familias y constituyen una forma de extorsión. Señaló que la tentativa de las autoridades por presentar a los manifestantes como “terroristas” o “alborotadores” parece destinada a justificar la represión de un movimiento que, según describió, es local y surgió de forma espontánea.
Irán difunde “confesiones” forzadas para disuadir la disidencia
Un grupo de derechos humanos informó que al menos 240 confesiones obtenidas bajo coacción han sido emitidas recientemente en la televisión estatal iraní. En esos videos, detenidos admiten delitos que van desde violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad y colaboración con opositores o potencias extranjeras, hasta la mera interacción con cuentas críticas en redes sociales.
Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado las grabaciones de material de propaganda y denunciado que las confesiones se obtendrían mediante tortura física y psicológica. Se ha reportado que los detenidos son obligados a firmar declaraciones que no pueden leer y a admitir actos que no cometieron, incluyendo expresiones pacíficas de disenso.
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei, ha liderado personalmente algunas de estas entrevistas televisadas. Roya Boroumand, directora del Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Estados Unidos, indicó que estas confesiones cumplen varias funciones: fabricar legitimidad política, presentar a los manifestantes como agentes violentos de intereses extranjeros y desalentar la disidencia. Boroumand afirmó que esas prácticas buscan humillar y desacreditar a los opositores y recordar a la sociedad el alto costo de desafiar al Estado.
Las protestas, inicialmente motivadas por cuestiones económicas, se convirtieron en un movimiento masivo contra la república islámica, especialmente después del 8 de enero, cuando se impuso un apagón de internet. HRANA reportó que miles de personas murieron durante la represión, y también contabilizó más de 41.000 arrestos y 240 confesiones forzadas durante el operativo.
El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI) ha descrito la escala actual de confesiones forzadas como sin precedentes, advirtiendo que esas declaraciones suelen ser la única prueba utilizada para condenar, incluso en casos en que se impone la pena de muerte. Boroumand explicó que mostrar a disidentes confesando “colusión con potencias extranjeras” permite al Estado legitimar la represión en nombre de la seguridad nacional y usar la confesión televisiva como prueba para justificar sanciones severas.
(Con información de Reuters y AFP)
