El régimen iraní difundió este domingo una lista con 2.986 nombres de personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre; las autoridades de Teherán sitúan el total en 3.117 muertos. Organismos de la ONU y de derechos humanos advierten, no obstante, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas mortales.
“Lamento informar a la nación que el número total de víctimas de los recientes sucesos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. Según el mandatario, la diferencia de 131 personas entre el total y la lista publicada se debe a identidades desconocidas y discrepancias en los documentos nacionales, que serán incluidas en una lista complementaria tras ser corregidas.
Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin trabas administrativas”.
El comunicado sigue la línea oficial que atribuye el alto número de víctimas a “terroristas” con apoyo de Estados Unidos e Israel. Pezeshkian afirmó que “los enemigos históricos” utilizan la vida de las personas como si fuera un número, sin aportar detalles concretos.
Las cifras oficiales contrastan con los datos recopilados por organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, dijo a medios estadounidenses que reportes de médicos en el país indican que las víctimas podrían alcanzar hasta 20.000.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas este mes ha sido enorme, de miles de personas”, señaló Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, al tiempo que reconoció la dificultad de verificar las informaciones ante las restricciones existentes sobre el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso indiscriminado de fuerza letal, con fuerzas de seguridad empleando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Informes sobre morgues desbordadas, contenedores refrigerados para cadáveres y entierros apresurados sin identificación apuntan, según estas organizaciones, a intentos de ocultar la verdadera dimensión de las muertes.
El apagón casi total de internet impuesto desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo, concluyó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir la difusión de imágenes de la represión y aislar al país del escrutinio internacional. Derechos humanos sostienen que esta desconexión ha aumentado la impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, inicialmente motivadas por la profunda crisis económica. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y el precio de los alimentos subió un 72%. El rial se depreció fuertemente, situando el dólar en torno a 145.000 tomanes.
Lo que empezó como huelgas de comerciantes derivó en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las movilizaciones más extensas desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión se intensificó los días 8 y 9 de enero, cuando Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”, informaron funcionarios iraníes a medios internacionales.
Según esas informaciones, las fuerzas de seguridad recibieron órdenes de disparar para matar. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el uso de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y en un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y el Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el de la relatora especial.
