Francia aprobó este lunes los presupuestos estatales para 2026, un avance clave para el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y el presidente Emmanuel Macron en la recta final del mandato. El Ejecutivo superó dos mociones de censura —impulsadas por bloques de izquierda y por la Agrupación Nacional de Marine Le Pen— tras haber aprobado las cuentas sin votación parlamentaria mediante el controvertido artículo 49.3 de la Constitución.
La primera moción, promovida por formaciones como La Francia Insumisa, Los Verdes y el GDR (comunistas y representantes de ultramar), obtuvo 260 votos, por debajo de los 289 necesarios para derribar al Gobierno. La iniciativa de la Agrupación Nacional y sus aliados sumó 130 apoyos. La falta de una mayoría clara en el Parlamento llevó a Lecornu a recurrir a la medida excepcional, pese a su promesa previa de no usarla, para evitar la convocatoria de elecciones anticipadas reclamada por la extrema derecha y la izquierda radical.
Antes de esto, el Ejecutivo había alcanzado un acuerdo con los socialistas que permitió aprobar en diciembre el presupuesto de la Seguridad Social a cambio de aplazar hasta después de las presidenciales de 2027 la polémica reforma de las pensiones. Esa concesión, que pospone el aumento de la edad legal de jubilación a 64 años, fue presentada como una victoria relevante para el socialismo francés.
El presupuesto estatal establece un déficit público alrededor del 5% del PIB para 2026, frente al 5,4% del año anterior, en línea con los compromisos de Francia ante la Unión Europea de reducirlo por debajo del 3% en 2029. Entre las medidas incluidas figuran comidas universitarias a un euro, un incremento de la prima de empleo para trabajadores con bajos ingresos y la introducción de un impuesto sobre sociedades tenedoras de activos, identificadas por su uso en estrategias de optimización fiscal.
La aprobación del presupuesto ofrece un respiro al Ejecutivo, que ha atravesado casi dos años de negociaciones, crisis políticas y presión de los mercados de deuda tras las elecciones anticipadas de 2024, que dejaron el Parlamento sin mayoría clara. Las tensiones provocaron la dimisión de dos primeros ministros y generaron inquietud entre socios europeos sobre la estabilidad fiscal. Tras la aprobación, la prima de riesgo de la deuda pública volvió a niveles anteriores al anuncio de las elecciones anticipadas de junio de 2024.
Con el presupuesto resuelto, Lecornu podrá centrar esfuerzos en las elecciones municipales de marzo y en varias iniciativas legislativas pendientes. Entre ellas figura un proyecto de ley agrícola de urgencia para responder a las protestas del sector y abordar cuestiones como la depredación del ganado, la gestión del agua y los costes de producción; además de un plan para mitigar la crisis inmobiliaria simplificando normas urbanísticas y promoviendo la construcción.
El Gobierno también planea revisar la Ley de Programación Militar antes de la primavera, reevaluando partidas destinadas a munición, drones, defensa aérea y refuerzo de personal. Paralelamente, avanza una reforma de las prestaciones sociales destinada a unificar ayudas y garantizar que los ingresos por trabajo superen siempre a las prestaciones, si bien su aplicación completa no se prevé antes de 2030.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
