El bloqueo casi total de internet impuesto en Irán hace tres semanas comienza a aliviarse, pero no ha vuelto a la normalidad. Parte de la población —aproximadamente 92 millones de habitantes— ha recuperado acceso de manera parcial y bajo un estricto régimen de control que determina quién se conecta, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Las autoridades cortaron las comunicaciones el 8 de enero, una medida que analistas internacionales interpretan como una acción deliberada para ocultar la magnitud de la represión contra las protestas desatadas a finales de diciembre por la crisis económica.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, justificó el corte citando “operaciones terroristas” infiltradas en las manifestaciones. Afirmó que elementos dirigidos desde el exterior se infiltran en las protestas, disparan contra las fuerzas de seguridad y atacan a civiles, y responsabilizó a Israel y Estados Unidos por orquestar la violencia.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán por el desplome del rial, la inflación descontrolada y el empeoramiento de las condiciones de vida. En pocas horas, las demandas económicas se convirtieron en un cuestionamiento directo al sistema de la República Islámica: consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, y pedidos de cambio de régimen se escucharon en numerosas ciudades y provincias. El 8 de enero, tras el llamado a movilización del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, el gobierno respondió con el apagón de internet y una represión contundente.
Organizaciones como NetBlocks, especializada en monitoreo de conectividad, confirmaron que el apagón alcanzó una escala inusual. En menos de 30 minutos después del corte del 8 de enero, el 98,5% del tráfico de internet en Irán colapsó. A diferencia de bloqueos anteriores que tardaban días en implementarse, las autoridades pudieron desconectar el país en cuestión de segundos gracias a una infraestructura de intranet nacional ya desarrollada.
El diario reformista Shargh informó, citando fuentes oficiales, que el internet móvil se ha restablecido parcialmente. No obstante, muchos usuarios siguen sin acceso continuo y solo consiguen conectarse de forma intermitente, tras múltiples intentos y por periodos cortos. Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, explicó a la BBC que lo que se observa no es un retorno a la normalidad: las principales plataformas se habilitan y bloquean en distintos momentos del día, lo que sugiere que las autoridades prueban un sistema para controlar el tráfico web en tiempo real.
Amir Rashidi, director de ciberseguridad del Miaan Group, declaró a la BBC que la evidencia indica que únicamente un número limitado de personas aprobadas por el gobierno tiene acceso a la red. Aunque siempre que haya capacidad de transmisión de datos es posible emplear redes privadas virtuales, las autoridades parecen decididas a impedir su funcionamiento y a mantener un control estricto sobre quién puede conectarse.
Organizaciones de derechos humanos señalan que el control del acceso a internet ha sido clave para limitar la información sobre la represión a los manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, confirmó al 26 de enero la muerte de 5.925 manifestantes y advirtió que el saldo final podría ser varias veces mayor, ya que 17.091 muertes reportadas están en revisión. Según HRANA, la cifra oficial del gobierno de 3.117 fallecidos no refleja la verdadera escala de la violencia.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, han indicado que las fuerzas de seguridad emplearon munición real y armas letales contra manifestantes en las 31 provincias del país, apuntando de forma indiscriminada al pecho y la cabeza. Sato afirmó que estos hechos podrían constituir ejecuciones arbitrarias y homicidios ilegales.
Tras casi tres semanas de interrupción, el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi, declaró el 26 de enero que las pérdidas diarias por el apagón rondan los 35 millones de dólares. Ante la presión económica, las autoridades parecen haber permitido formas de acceso a internet estrictamente controladas para ciertos negocios.
Empresarios dijeron a la BBC que en algunas ciudades miembros de las Cámaras de Comercio reciben entre 20 y 30 minutos diarios de internet sin filtros, siempre bajo supervisión y tras completar varias etapas de verificación de identidad. Un integrante de la Cámara de Comercio de Teherán, que habló bajo condición de anonimato, describió el sistema como racionado y paralizante; algunos comerciantes han tenido que firmar compromisos de no enviar archivos relacionados con las protestas.
Madory señaló que, según los datos de tráfico web, los patrones observados sugieren que la restauración completa del acceso podría no llegar a producirse. El apagón ha impedido que los iraníes dentro del país obtengan información fiable y transmitan al exterior lo que sucede en calles, hospitales y centros de detención.
El contexto de las movilizaciones es una crisis económica profunda. A fines de 2025 el rial sufrió un desplome sin precedentes: el centro estatal de estadísticas registró una inflación del 42,2% en diciembre de 2025. Los precios de los alimentos aumentaron un 72% y los de productos sanitarios y médicos un 50% interanual. Años de sanciones, mala gestión e aislamiento financiero han erosionado las condiciones de vida de amplios sectores.
Estas protestas son las más relevantes desde las movilizaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Amnistía Internacional advirtió que el patrón de violencia documentado en enero de 2026 repite esquemas vistos en 2019 y 2022, pero se agrava por el apagón impuesto desde el 8 de enero, que oculta el alcance real de la represión y aumenta el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos.
