A un día de obtener dictamen y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno retiró el proyecto enviado el lunes para bajar la imputabilidad de menores porque no incluía la edad acordada con la oposición. En su lugar, redactará un texto basado en la iniciativa trabajada en 2024, incorporando las modificaciones consensuadas.
El bloque oficialista en la cámara baja terminará de elaborar un proyecto levemente distinto al remitido originalmente por el Ejecutivo. Ese primer texto fijaba la punibilidad en 13 años, pero se respetó el acuerdo alcanzado con distintos bloques de bajar la edad desde los 16 hasta los 14 años.
Una fuente del bloque La Libertad Avanza en Diputados describió la situación como una “desinteligencia”: el proyecto fue retirado y se enviará nuevamente con la edad consensuada y con el detalle del origen de los fondos. Mantienen el objetivo de conseguir el dictamen al día siguiente y sesionar el jueves.
La hoja de ruta para los próximos días exige primero constituir las comisiones clave donde se votará la iniciativa. A las 10 de la jornada se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que presidirá la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se conformará la Comisión de Justicia, que quedaría bajo la presidencia del correntino Lisandro Almirón (LLA).
La reunión de comisiones está prevista para el miércoles a las 11 e incluirá, además de Familias y Justicia, a Legislación Penal y a Presupuesto y Hacienda. La sesión en la Cámara de Diputados está programada para el jueves cerca del mediodía.
Además de la modificación de la edad, el proyecto incorporará un pedido de la oposición: detallar el origen de los fondos necesarios para implementar la nueva normativa, estimados en $23.739.155.303,08. Esas partidas se distribuirán entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Defensoría General de la Nación.
El texto también habilita la posibilidad de acuerdos entre provincias y la Nación para el envío de partidas específicas destinadas a la construcción de nuevas instalaciones. Ese punto fue negociado entre el Ejecutivo y el bloque de LLA en Diputados, presidido por Gabriel Bornoroni, quien impulsó acelerar el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años.
Pese a que sectores del oficialismo proponían bajar la edad a 13 años, los aliados opositores como el PRO y la UCR sostenían la posición de 14 años, que terminó siendo el consenso. En consecuencia, el régimen penal juvenil presentado replica el espíritu del texto del año anterior: establece un régimen diferenciado respecto al penal adulto y excluye la prisión perpetua.
La iniciativa fija una pena máxima de 15 años para los delitos más graves —homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros—, frente a los 20 años que contemplaba el proyecto dictaminado el año pasado.
El objetivo declarado del proyecto es responder a las inquietudes sociales sobre inseguridad vinculada a adolescentes y desactivar el uso de menores como instrumentos del delito, dado que actualmente los menores de 16 años son inimputables. El texto prioriza medidas de resocialización: para menores de hasta 15 años imputados por hechos graves, los jueces podrán imponer privación de libertad, aunque la reinserción social deberá prevalecer.
Los delitos menores quedarían sujetos a sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y obligación de reparar el daño, evitando la institucionalización salvo como último recurso. También se propone crear institutos especiales donde los menores condenados tengan acceso garantizado a educación, atención médica y tratamientos por adicciones, con personal especializado en infancia y adolescencia y con la prohibición de convivencia entre menores y adultos detenidos.
El texto refuerza derechos procesales para los imputados: acceso a patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en mediaciones y derecho a ser informados y escuchados en cada instancia. Estos elementos, que generaron debate presupuestario, aparecen ahora contemplados en la nueva estructura financiera del proyecto.
