El Gobierno, tras apelar la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, agregó al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de esa norma que le permita compensar fondos a las universidades, según informó una fuente citada por Infobae. La intención es incorporar esa modificación por decreto para dar respuesta a los reclamos de las casas de estudio sobre la actualización presupuestaria.
Después de la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Ejecutivo decidió sumar este proyecto al temario con el objetivo de calmar las demandas universitarias, a la vez que preservar las premisas de equilibrio fiscal planteadas por la administración.
La iniciativa tuvo la intervención del secretario de Educación, Carlos Torrendel, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron con Carlos Greco, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN y miembro del Comité Ejecutivo, para avanzar en una propuesta. Los planes buscan actualizar el financiamiento de las universidades públicas con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas.
Una fuente calificó la tarea como un trabajo orientado a “hacer la ley implementable” mediante los cambios propuestos.
La decisión del Ejecutivo se produjo después de presentar un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por medio de la Procuración del Tesoro, y solicitar que la apelación contra la implementación de la ley de 2024 tenga efecto suspensivo. Desde el gobierno señalaron que el Estado debe apelar y que algunas resoluciones requieren análisis judicial.
En la Casa Rosada muestran optimismo respecto a los objetivos fijados para el receso de verano. Aunque el reglamento exige que la ampliación del temario sea votada en el recinto, existen antecedentes de incorporación de proyectos por decreto sin acuerdos parlamentarios formales.
El conflicto por el financiamiento universitario escaló entre 2024 y 2025, con movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en otras provincias. Tras el veto presidencial a la ley sancionada, se registró una segunda protesta federal en septiembre de 2025.
Ante el riesgo de una escalada judicial y política, sectores oficialistas coinciden en la necesidad de aprobar una nueva ley que modifique el esquema financiero vigente y permita alcanzar el consenso necesario para reemplazar la norma anterior.
El decreto que se publicará en el Boletín Oficial incluirá además la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más de lo previsto, para cumplir con los plazos legales antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, prevista para el 1° de marzo.
Esta medida busca ordenar el ajustado calendario legislativo y dar cumplimiento al reglamento de la Cámara de Diputados, que indica que cuando faltan diez días o menos para el cierre del período de sesiones, la aprobación de un dictamen pierde eficacia práctica.
El presidente Javier Milei pretende sancionar la reforma laboral durante el período de sesiones de febrero, de modo que el inicio del año legislativo y su discurso de apertura reflejen la nueva hoja de ruta del gobierno.
