En una sala de audiencias de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre de 49 años está siendo juzgado por la muerte de una adolescente de 17 años, víctima de una sobredosis de cocaína en la vivienda del imputado. La Fiscalía solicitó una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
La petición estuvo a cargo de la fiscal María Luz Castany, quien señaló a Christian Mauricio Gilardenghi como responsable del fallecimiento ocurrido en noviembre de 2021 en su domicilio del barrio de Villa Ortúzar.
Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía describió una relación marcada por desigualdad y asimetría. Según su exposición, Gilardenghi mantuvo contacto con la menor desde que ella tenía 16 años en el contexto de la venta de marihuana, y con el tiempo el vínculo derivó en episodios de consumo de cocaína en la casa del acusado.
La investigación reconstruyó la noche del 16 de noviembre de 2021: la adolescente dejó a una niña a su cuidado, saludó a su pareja a distancia y tomó un colectivo de la línea 111 con destino a la vivienda de Gilardenghi, en Mariano Acha al 1000. Cámaras de seguridad la registraron llegando a las 20:13. Hacia las 20:46, el imputado llamó al 911 para reportar que una amiga estaba convulsionando; alrededor de diez minutos después volvió a pedir una ambulancia.
Personal médico del Hospital Tornú, ubicado a tres cuadras, llegó rápidamente y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la joven falleció a las 21:15.
La autopsia determinó que la causa de la muerte fue congestión, edema pulmonar y meningoencefalitis, todo como consecuencia de una sobredosis de cocaína.
Según la fiscalía, los registros médicos descartaron enfermedades cardíacas o patologías previas que expliquen el desenlace. El informe forense halló metabolitos no activos de la droga en sangre y orina, lo que indica consumo anterior sin efectos biológicos relevantes en el momento del episodio fatal; ese dato fue señalado para desestimar otras hipótesis.
En el juicio, Castany afirmó que Gilardenghi no solo proveía marihuana a la joven, sino que desde meses antes le habría obsequiado cocaína, aprovechando su situación de vulnerabilidad.
La fiscal añadió que, según mensajes entre ambos, el imputado ofreció reiteradamente estupefacientes y dinero a cambio de favores sexuales, propuestas que la adolescente rechazó. La relación estuvo marcada por la diferencia de edad y por la confianza que Gilardenghi había establecido con la familia, dado que había sido pareja de una amiga de la madre de la víctima.
Castany reconstruyó además los minutos previos al fallecimiento: la joven pasó la tarde en espacios públicos y conversó con varias personas, incluida su madre, sin que se advirtieran signos de consumo. Una médica que declaró en el juicio explicó que, tras la inhalación de cocaína, los efectos máximos se alcanzan en aproximadamente 30 minutos, un intervalo coincidente con el tiempo que la adolescente permaneció en el departamento del acusado. Los análisis toxicológicos confirmaron la presencia de la sustancia en un hisopado nasal realizado después del deceso.
El expediente incluye mensajes en los que Gilardenghi le dice a la joven que, si iba a su casa, le “iba a regalar cositas” y que “tomamos algo y ya”. La fiscal interpretó que “tomar algo” se refería al consumo de cocaína, ya que los peritajes descartaron alcohol y los encuentros previos tenían relación con la provisión de drogas.
Castany consideró como agravantes la diferencia de edad, el aprovechamiento de la inmadurez de la adolescente, la relación de confianza con la madre y la conducta del imputado tras el fallecimiento.
Según el expediente, Gilardenghi descartó cocaína que había en la vivienda, mintió a la policía sobre la edad de la joven, se deshizo del teléfono celular y derivó a la madre para que acudiera al hospital en lugar de al domicilio.
El celular del imputado nunca fue incautado. La Fiscalía sostuvo que, tras el deceso, Gilardenghi negó tener el equipo, aunque las llamadas al 911 y a la madre fueron realizadas desde ese aparato; esos elementos se incluyeron en el pedido de condena.
Al cierre de su alegato, Castany recordó que el imputado ya había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 por lesiones y amenazas coactivas agravadas por violencia de género. Solicitó que la pena por homicidio culposo y por suministro de estupefacientes agravado por tratarse de una menor sea de cumplimiento efectivo.
La causa sigue su curso y el debate oral continuará el próximo 4 de marzo, cuando la defensa expondrá sus argumentos ante el juez Pablo Vega, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.
