El secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, Felipe Núñez, se refirieron a la controversia por la adjudicación de créditos hipotecarios en el Banco Nación y negaron haber recibido trato preferencial para acceder a esos préstamos.
“No hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que reúne condiciones crediticias: solicitamos un crédito a la misma tasa y plazo que puede obtener cualquier persona”, afirmó Núñez, explicando por qué recurrieron al Banco Nación.
En el canal de streaming Carajo sostuvo que eligieron esa entidad porque cobran su sueldo allí, son clientes y tenían acceso a los productos que ofrece el banco, entre ellos el crédito hipotecario. Además señaló que la tasa era la más competitiva del mercado y que sus familias tomaron créditos a 30 años para comprar vivienda.
El funcionario añadió que el Banco Nación otorgó la gran mayoría de los préstamos hipotecarios y que los funcionarios representaron menos del 0,2% del total de créditos otorgados. Subrayó que no hubo tasas subsidiadas ni condiciones preferenciales para los casos cuestionados.
También consideró que el debate público puso en el centro a los créditos hipotecarios UVA, destacando que son un instrumento que facilita el acceso a la vivienda, amplía el mercado inmobiliario y contribuye a profundizar el mercado de capitales, y que ahora más ciudadanos conocen ese producto.
Furiase, por su parte, afirmó que tomó un crédito en el Banco Nación para una segunda vivienda a una tasa más alta. Aclaró que la llamada “tercera vivienda” responde a una donación de derechos de usufructo realizada por sus padres, de la cual le corresponde el 33%, que no se considera una vivienda para efectos del crédito y que no vive allí desde 2010.
El titular de la Secretaría de Finanzas explicó que la ventana para crédito hipotecario se abrió a mediados de 2024 tras la estabilización macroeconómica: la caída de la inflación y de las tasas permitió a los bancos ampliar los plazos para otorgar préstamos. En su visión, antes no había oferta de crédito hipotecario debido a esas condiciones macroeconómicas.
Además evaluó que los bancos modificaron su cartera de préstamos: anteriormente destinaban alrededor del 50% de sus activos al sector público y solo el 18% a familias y empresas; hoy, dijo, esa relación se invirtió y cerca del 50% del crédito va a empresas y hogares y alrededor del 20% al sector público.
Según el relevamiento, Núñez aparece con una deuda inicial de $373.000.000 (aproximadamente USD 315.000) desde febrero de 2025, y Furiase con un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025. La lista de beneficiarios también incluye a legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, y a otros funcionarios: Juan Pablo Carreira (Oficina de Respuesta Oficial), Sharif Menem (secretaría privada en Diputados), Guillermo Madero (jefe de gabinete del Ministerio de Defensa), Emiliano Mongilardi (director de YPF) y Leandro Massaccesi (ex jefe de gabinete del ministerio de Capital Humano), entre otros. El relevamiento abarca además a numerosos funcionarios del Poder Judicial y a dirigentes kirchneristas como Julia Strada.
Fuentes del Banco Nación aseguraron que no hubo trato preferencial y anunciaron una auditoría interna para revisar la gestión de cada préstamo. Desde la entidad indicaron que pondrán a disposición de la Justicia toda la documentación requerida para demostrar que los créditos se otorgaron conforme a los estándares vigentes.
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