El rechazo a la actuación de funcionarios de la Contraloría General de la República escaló en las últimas horas después de que organizaciones profesionales y de transparencia cuestionaran la intervención de auditores en diligencias del Ministerio Público vinculadas a una investigación por presunto enriquecimiento injustificado relacionada con un exvicepresidente.
El Colegio Nacional de Abogados de Panamá calificó la intervención como una afectación grave al principio de separación de poderes, al considerar que la entrada de funcionarios de la Contraloría en una diligencia penal constituye una intromisión en funciones que corresponden exclusivamente al Ministerio Público.
El gremio advirtió que acciones de este tipo no solo pueden comprometer la legalidad del proceso, sino también erosionar la confianza pública en el sistema de justicia.
En la misma línea, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana —capítulo panameño de Transparencia Internacional— afirmó que la actuación de los auditores representó una obstrucción a la justicia y una señal preocupante para la institucionalidad democrática.
La organización indicó que la interrupción de diligencias judiciales y la limitación del trabajo de los fiscales afectan la capacidad del Estado para investigar casos de corrupción de alto perfil.
Los hechos ocurrieron en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde funcionarios de la Contraloría habrían ingresado durante una diligencia en la que se entrevistaba a auditores de esa misma institución, vinculados a una investigación por enriquecimiento injustificado. Según informes, la intervención impidió la culminación del acto investigativo.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación confirmó el inicio de una investigación penal para esclarecer lo sucedido. En su comunicado, la entidad señaló que la actuación de los funcionarios de la Contraloría interrumpió una diligencia clave dentro de una causa en curso, lo que motivó la apertura del proceso para determinar posibles responsabilidades.
La Procuraduría explicó que los auditores involucrados estaban siendo requeridos por la autoridad competente en el marco de una investigación relacionada con el presunto enriquecimiento injustificado del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
Estos auditores habrían participado en revisiones y auditorías relacionadas con el caso, por lo que su testimonio y documentación son considerados relevantes para la investigación.
Se ha mencionado la presencia del contralor general, Anel Flores, en las instalaciones del Ministerio Público durante los hechos. No obstante, hasta ahora no hay confirmación oficial de que haya tomado la decisión de retirar a los funcionarios ni de haber ordenado la interrupción de la diligencia, por lo que su grado de implicación sigue siendo incierto.
Los gremios han insistido en que, más allá de la actuación individual de funcionarios, lo ocurrido refleja un problema institucional de mayor alcance. Tanto el Colegio de Abogados como la Fundación sostienen que cualquier intento de interferir en investigaciones penales socava la independencia del sistema judicial y debilita los mecanismos de control contra la corrupción.
Además, recordaron que los auditores, en su calidad de peritos dentro de procesos judiciales, tienen el deber de colaborar con las autoridades, responder a los requerimientos legales y facilitar el esclarecimiento de los hechos, independientemente de la institución a la que pertenezcan.
Cualquier medida que limite esa colaboración puede interpretarse como un incumplimiento de sus obligaciones legales y como un obstáculo para el avance de las investigaciones.
Si bien la Contraloría tiene funciones de control y fiscalización del uso de los recursos públicos, su intervención en diligencias judiciales debe ajustarse al marco legal y respetar la competencia exclusiva del Ministerio Público en materia de persecución penal.
La Procuraduría, por su parte, reiteró su compromiso de continuar las investigaciones de forma objetiva e independiente, respetando el debido proceso y rechazando cualquier tipo de presión externa.
La entidad enfatizó que garantizar la integridad de las indagaciones es fundamental para proteger el interés público y mantener la confianza ciudadana en las instituciones.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso se perfila como un nuevo foco de tensión entre instituciones del Estado, en un contexto donde la lucha contra la corrupción y la defensa de la institucionalidad siguen siendo asuntos centrales en la agenda pública panameña.
Este episodio se suma a divergencias previas entre el contralor general Anel Flores y el procurador general Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, quienes en el pasado han mostrado posturas opuestas sobre el alcance y uso de las auditorías realizadas por la Contraloría.
Las discrepancias han versado sobre la validez, oportunidad y manejo de esos informes en procesos penales, lo que ha evidenciado tensiones institucionales respecto a los límites y responsabilidades de cada entidad en la lucha contra la corrupción.
