El juez federal de Garantías de Rosario, Carlos Vera Barros, condenó a seis años de prisión al abogado Iván Carlos Méndez tras homologar un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Méndez, de 53 años, fue declarado responsable de integrar una asociación ilícita que, según la acusación, operaba estructuras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios federales con líderes de alto perfil como referentes visibles.
La sentencia, dictada el 16 de abril, incluyó además una multa, la inhabilitación especial para ejercer la abogacía por ocho años y la declaración de reincidencia. Méndez, que se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, fue condenado por seis delitos en concurso real: asociación ilícita; encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad; lavado de activos agravado por haberse cometido como integrante de una banda; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; confabulación para el tráfico de drogas; y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, conducida por el fiscal Matías Mené, con la participación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), representada por su titular Diego Iglesias y el secretario Matías Lucena Vernengo. Las audiencias se realizaron entre el 31 de marzo y el 16 de abril, y el MPF presentó escuchas telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada que, según la fiscalía, probaron el rol del imputado dentro de la organización criminal.
Méndez admitió de manera expresa los hechos imputados, su participación, los elementos probatorios, la calificación legal y la pena solicitada por la fiscalía. La pesquisa reconstruyó el entramado de vínculos que el abogado mantenía con alrededor de una decena de internos del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).
Entre esos internos figuraron Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los principales proveedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina” y condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, integrante de la banda Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del Barrio Padre Carlos Mugica de la Ciudad de Buenos Aires; y Cristian Avalle, condenado a prisión perpetua e identificado como líder de una banda vinculada a Los Monos.
El MPF sostuvo que Méndez aprovechaba su condición de abogado para entrevistarse con detenidos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo las restricciones del SIGPPLAR. En las audiencias, el fiscal Matías Scilabra afirmó: “Lo que hizo fue garantizar la comunicación de los condenados con el exterior, y con eso asegurar que las organizaciones criminales sigan funcionando desde la cárcel. Incluso, conecta organizaciones criminales a partir de la información que obtiene”.
En lugar de limitarse a la defensa técnica, el expediente señala que Méndez triangulaba comunicaciones, retransmitía mensajes y coordinaba gestiones patrimoniales. Desde al menos el 29 de enero de 2025 hasta su detención el 17 de septiembre de ese año, actuó como nexo entre los líderes encarcelados y sus estructuras operativas externas. Las conversaciones interceptadas, según la fiscalía, también registraron cobros por esos servicios: tarifas mensuales de entre USD 3.000 y USD 4.000, o USD 500 por mensaje.
Entre los hechos concretos atribuidos por el MPF figura la triangulación de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., sobre alquileres y propiedades; el enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Carlos Mugica para transmitir información y coordinar gestiones; la intermediación para que Segovia analizara la compra de un campo de Morán de la Cruz; la participación, entre febrero y agosto de 2025, en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15.000 dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021; y la recepción como parte de pago de un Ford Mondeo transferido a su nombre el 29 de abril del año pasado.
El 17 de septiembre de 2025, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó la vivienda de Méndez en Flor de Otoño al 400, en el barrio Padre Mugica (ex Villa 31 de Retiro) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el domicilio secuestraron 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock calibre 9 mm y tres cajas de municiones.
El material bélico llamó la atención por su similitud con piezas que, según la fiscalía, Segovia importaba y contrabandeaba desde el penal de Ezeiza, una actividad que en abril del año previo le valió a Segovia una condena adicional de 13 años de prisión.
La resolución del juez Vera Barros ordenó el decomiso y la destrucción de los estupefacientes, la balanza, las piezas del arma y las municiones. También dispuso el decomiso de 240.700 pesos y de dos vehículos —un automóvil y una camioneta— que quedaron a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), y la destrucción de teléfonos celulares, una notebook, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos incautados en la causa.
El MPF destacó que el perfil de Méndez agrava la situación: es un ex interno del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con dos condenas previas por delitos vinculados al narcotráfico y obtuvo su título de abogado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto. Esa experiencia, según la fiscalía, le permitió conocer el funcionamiento interno del sistema penitenciario y aprovechar sus resquicios para operar de la manera descrita.
Para la fiscalía, las maniobras atribuidas a Méndez facilitaron que organizaciones de alta peligrosidad conservaran capacidad operativa fuera de las prisiones, con un impacto directo en la seguridad pública.
