El fiscal federal Gerardo Pollicita rechazó este martes el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar la detención inmediata del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por un supuesto riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación. La solicitud se basaba en que Adorni habría contactado a un testigo clave antes de que éste prestara declaración en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras ser notificada por el juzgado federal de Ariel Lijo, la fiscalía no acompañó el pedido. Fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que no se verificaron los riesgos procesales alegados por la diputada; Pagano, en su planteo, solicitó además que se prohíba al jefe de Gabinete comunicarse con testigos.
En forma paralela, se ordenó peritar el teléfono celular del testigo que recibió la llamada de Adorni, Matías Tabar, el contratista que realizó las refacciones en la casa del club de golf Indio Cua. El objetivo del peritaje es recuperar registros de comunicaciones y otros mensajes entre Tabar y el funcionario.
El juez hizo lugar a un requerimiento del fiscal Pollicita, quien está a cargo de la investigación, luego de que Tabar declarara bajo juramento que realizó refacciones por un monto aproximado de 245.000 dólares en la vivienda de los Adorni, pagadas en efectivo por el funcionario. Según la declaración, antes de presentarse a declarar Tabar recibió comunicaciones “temporales” de Adorni por WhatsApp, en las que el funcionario le habría ofrecido asesoramiento previo a su comparecencia en Comodoro Py.
En su testimonio, Tabar afirmó que Adorni le dijo que necesitaba hablar con él y que luego mantuvieron una conversación telefónica. El funcionario le habría ofrecido ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara para el tema de la declaración. El contratista explicó que en principio lo consideró, pero que tras consultar con un asesor decidió rechazar ese contacto para evitar la apariencia de coordinar una estrategia común.
El análisis del teléfono fue encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), con la intención de intentar recuperar mensajes temporales o eliminados.
Las refacciones por 245 mil dólares
Tabar contó que en agosto de 2024 Adorni lo contactó por WhatsApp y le dijo que estaba por adquirir una casa en el lote 380 del country Indio Cua (Indio Cua Golf Club) y quería que la evaluara para posibles refacciones. El contratista se presentó con su socia y se reunió con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
El presupuesto inicial, cercano a 94.000 dólares, habría escalado hasta aproximadamente 245.000 dólares, según declaró Tabar, quien añadió que todos los pagos se realizaron en efectivo y en dólares, sin facturas ni recibos.
El contratista ubicó los trabajos entre octubre de 2024 y julio de 2025 y precisó que, además de obras de construcción, se encargó de la renovación de mobiliario y otros elementos del hogar.
En la vivienda, de cerca de 400 m2, se intervinieron la entrada, el garaje, la galería y las escaleras; se realizaron trabajos de pintura interior, enduido y reparación de paredes; se cambiaron pisos por porcelanato; se aplicó revestimiento exterior tipo tarquini; se reformó la parrilla; se remodeló la piscina con cascada; se ejecutaron trabajos en la cocina, incluyendo mesadas, isla y desayunador; y se ajustó la iluminación, entre otras mejoras generales.
Tabar entregó al fiscal la documentación de las compras realizadas para la obra, detalló los ítems empleados en la renovación y aportó fotografías y videos del estado anterior y posterior a los trabajos.
Cómo sigue la causa
En el expediente, está previsto que declare mañana otro testigo: Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió su departamento en el barrio porteño de Caballito a los Adorni. Esa operación incluyó un pago de 30.000 dólares en efectivo y otro por 200.000 dólares sin intereses, que el jefe de Gabinete debería cancelar en noviembre próximo.
Asimismo, se ordenó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. Si se detectan inconsistencias, se intimará al funcionario a justificar su nivel de vida en relación con sus ingresos y, de no recibir explicaciones convincentes, podría avanzarse hacia una citación a indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
