Personal de la División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad realizó esta mañana un allanamiento en una vivienda del barrio de Monte Castro por una presunta explotación laboral en un taller clandestino con la modalidad conocida como “cama caliente”.
La intervención tuvo lugar en la intersección de Bahía Blanca y Arregui, a pocas cuadras del estadio del Club Atlético All Boys, en cumplimiento de una orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, subrogado por el doctor Ariel Lijo, por ante la Secretaría 21 de la doctora Carolina Lores Arnaiz.
Durante el operativo las autoridades informaron haber encontrado once personas adultas y siete menores dentro del inmueble, según fuentes de la Policía de la Ciudad citadas por medios.
Según reportes de C5N, la actuación se originó a partir de una denuncia anónima y las víctimas eran alojadas en condiciones precarias: vivían a oscuras, sin ventilación, sin posibilidad de salir a la calle y las puertas carecían de picaportes. El lugar ya presentaba una faja de clausura colocada en la puerta del garage.
El comisario Pedro Salvarezza señaló en La Nación+ que la investigación se inició a principios de año por una denuncia recibida a través de los canales 911 y 145. Indicó que se detectó la presencia de personas de nacionalidad boliviana trabajando en ese taller, que no está habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que hay dos imputados —un hombre y una mujer— que serán trasladados.
El operativo contó con la participación de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima, la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia – Área Trata del Ministerio de Justicia de la Ciudad, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
La investigación indica que las víctimas —algunas extranjeras— habitaban el lugar en condiciones inhumanas, sin libre acceso de entrada y salida y sometidas al régimen de “cama caliente”. Este sistema consiste en el uso continuado de los espacios para dormir por distintos turnos de trabajadores, lo que implica una vulneración de derechos básicos.
La orden judicial se dictó en el marco de la Ley 26.364, que castiga delitos vinculados a la trata y explotación de personas. El procedimiento tiene como objetivos garantizar la protección de los menores y adultos encontrados y reunir pruebas para profundizar la investigación.
El operativo continúa en desarrollo y las autoridades no descartan nuevas medidas según los elementos que se obtengan durante el allanamiento. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 quedó a cargo de las actuaciones y del seguimiento de las posibles responsabilidades penales.
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