Un día después de la multitudinaria protesta universitaria, el Gobierno prepara una nueva convocatoria para la semana próxima con autoridades universitarias y se muestra dispuesto a discutir una propuesta base. Los rectores, en tanto, sostienen que no recibieron un llamado formal, rechazan las condiciones planteadas y exigen la recuperación de los puntos salariales perdidos.
Fuentes oficiales indicaron a este medio que el planteo del Ejecutivo partirá de la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario que está en la Cámara de Diputados. Según un funcionario, la propuesta se apoyaría en un proyecto que contempla un aumento del 12% y la actualización de los gastos de funcionamiento.
Los intentos por resolver el conflicto surgieron tras el incumplimiento, según reclaman las universidades, de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley, además de una reducción presupuestaria de $78.768 millones y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
Tras la ratificación y el posterior veto de la norma y la presentación de una medida cautelar del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Ejecutivo readeptó un proyecto que propone una actualización salarial escalonada para el personal docente y no docente: un incremento trimestral del 4,1% sobre el sueldo de diciembre de 2025, a pagarse en marzo, julio y septiembre.
La iniciativa también prevé una actualización automática del presupuesto de gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,3% anual proyectado, y un aumento de $80.072.460.000 en el crédito presupuestario para la asistencia financiera de hospitales universitarios. Si los desembolsos superan las partidas fijadas, el exceso se cubriría con refuerzos desde otras jurisdicciones presupuestarias.
Sin fecha para su tratamiento y conscientes de que no cuentan con los votos necesarios en el Congreso, en el Gobierno intentan cerrar un acuerdo que evite además la intervención de la Corte Suprema. El proceso se instrumentaría desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la subsecretaría de Políticas Universitarias dirigida por Alejandro Álvarez.
Una voz oficial planteó que es preferible “un mal acuerdo” a “un buen juicio”, y señaló que un convenio podría homologarse judicialmente siempre que el CIN desista de la acción legal.
En Presidencia minimizaron el impacto de la movilización —que congregó a más de 140.000 personas en Plaza de Mayo—, aunque admiten preocupación por la escalada del conflicto y trabajan en alternativas para contener al sector. Fuentes oficiales mencionaron diferencias con el Ministerio de Economía por la disponibilidad de fondos para atender las demandas.
Un referente universitario consultado negó haber recibido una convocatoria formal del Gobierno, sostuvo que los gremios deben participar de la negociación y adelantó que rechazará la oferta por considerarla insuficiente. Reclamó el cumplimiento de la ley original, incluso en cuotas, y criticó la reducción de 53 a 12 puntos salariales.
Desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) coincidieron en que el Ejecutivo busca aislar a la casa de estudios y afirmaron que el Gobierno “no tiene intenciones de resolver el conflicto”.
También se atribuye parte de la escalada a disputas internas en el oficialismo: fuentes universitarias sostienen que en febrero el asesor presidencial Santiago Caputo había alcanzado un acuerdo antes del inicio de clases, pero que ese avance fue frenado por sectores dentro del poder, y señalaron rumores sobre eventuales cambios de alianzas políticas de algunos funcionarios.
En la Cámara de Diputados indicaron que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para sancionar la medida y confirmaron que estudian volver a impulsarla en los próximos meses, sin precisar fechas.
