El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo desembolso de 1.050 millones de dólares para Argentina, pero al mismo tiempo emitió fuertes críticas sobre las políticas de transparencia y los mecanismos de control de la corrupción implantados por el gobierno de Javier Milei.
Esas observaciones forman parte de la segunda revisión del acuerdo vigente y constituyen uno de los pronunciamientos más severos del organismo sobre asuntos institucionales desde que Argentina volvió a recibir financiamiento del FMI en 2018.
El informe señala que el país enfrenta todavía desafíos significativos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. En particular, recordó que Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional.
El Fondo evaluó que los mecanismos actuales de declaración patrimonial de los funcionarios presentan “verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”. Asimismo, advirtió sobre deficiencias en las normas sobre conflictos de interés y cuestionó la capacidad del Estado para asegurar su cumplimiento efectivo.
El organismo también puso en cuestión el funcionamiento del sistema judicial. El reporte menciona preocupaciones sobre la independencia de la Justicia y cita observaciones internacionales relativas a demoras en causas de alto perfil y a limitaciones en los mecanismos de rendición de cuentas para funcionarios de alto rango.
Estas críticas están incluidas en el “Marco de Gobernanza y Anticorrupción” que el FMI aplica desde 2018 para evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar el desempeño económico de los países.
El informe coincide con la decisión del gobierno nacional de prorrogar hasta el 31 de julio el plazo para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción, cuyo vencimiento original era el 30 de mayo.
Además de las observaciones institucionales, el FMI expresó preocupación por la salud del sistema financiero y el aumento de la morosidad. Señaló un crecimiento de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, y advirtió sobre la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo.
El organismo también destacó la necesidad de reforzar la supervisión de las entidades financieras no bancarias y de monitorear el crecimiento del sector fintech, donde los niveles de morosidad muestran indicadores elevados.
Según datos del Banco Central citados en la revisión, la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo, registrando un fuerte incremento respecto del mismo período del año anterior.
