Una red criminal dedicada a la tramitación ilegal de pensiones por invalidez en la provincia de Salta quedó bajo investigación por la Unidad Fiscal Federal de Salta.
El expediente involucra a profesionales de la salud, funcionarios y operadores políticos, y describe un esquema sistemático que otorgaba beneficios económicos a personas sin discapacidades reales a cambio de apoyo electoral.
La causa se inició con una denuncia preliminar en noviembre de 2024. En junio de 2025, el fiscal federal conformó un equipo especial con miembros de tres fiscalías descentralizadas y contó con la colaboración de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional para cruzar datos del sistema previsional y detectar irregularidades.
Según la investigación, la maniobra estaba coordinada por un exfuncionario municipal del departamento de Anta y se apoyaba en punteros políticos que detectaban familias vulnerables o numerosas para gestionar pensiones fraudulentas a cambio de su voto.
El funcionamiento del circuito incluía médicos, bioquímicos y enfermeros vinculados a dirigentes políticos, quienes emitían certificados basados en diagnósticos repetidos, como enfermedad de Chagas o desviaciones graves de la columna. Estos informes llegaban a una mesa de auditoría médica local que validaba los falsos diagnósticos para aprobar los trámites.
La causa señala además que la organización disponía de laboratorios propios para falsificar resultados clínicos y placas radiográficas. En varios expedientes se constató la copia y reutilización de un mismo estudio para justificar discapacidades de distintas personas, y que funcionarios sin formación médica firmaban certificados de discapacidad.
Los punteros eran clave en la captación de beneficiarios: reclutaban a personas de escasos recursos o a familias numerosas para incorporarlas al circuito fraudulento, exigiendo a cambio el voto por quienes gestionaban las pensiones.
La pesquisa concluyó que la maniobra estaba arraigada en la zona y contaba con la protección de funcionarios municipales y la complicidad de profesionales de la salud, algunos de los cuales trabajaban en hospitales públicos y clínicas privadas.
La investigación, iniciada en noviembre de 2024, determinó que el fraude perseguía no solo un beneficio económico sino también la obtención de favores electorales, sostenido por la connivencia entre operadores políticos, profesionales sanitarios y empleados públicos, según los fiscales.
En septiembre de 2025, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó allanamientos simultáneos en clínicas privadas, hospitales públicos y domicilios particulares, donde se secuestró documentación y soportes informáticos que corroboraron la existencia de la red. Esa evidencia dio lugar a las primeras imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El análisis de lo incautado permitió avanzar en la investigación y, por disposición del Juzgado Federal de Garantías N° 2, se ejecutó una segunda etapa operativa con nuevos allanamientos en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, en un total de nueve objetivos.
Durante los procedimientos se hallaron radiografías de tórax y columna de distintas personas; alrededor del 90 % mostraban desviaciones de columna y muchas placas presentaban espacios en blanco para completar el nombre del paciente. También se incautaron estudios clínicos positivos para Chagas que, en su mayoría, eran copias de otros informes no originales.
En una de las viviendas se encontró un archivo con certificados médicos firmados por personas que no eran médicas, lo que reforzó la hipótesis de un fraude extendido y respaldado por distintos estamentos institucionales. Tras los últimos operativos, la Justicia evalúa las pruebas para formalizar la imputación de ocho personas más, entre ellas tres médicos y nuevos funcionarios políticos de la provincia.
