7 de junio de 2026
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ONU advierte que nueva ley agroindustrial en Honduras amenaza comunidades rurales

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras advirtió al Congreso Nacional sobre los posibles efectos del proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras en comunidades rurales, campesinas, indígenas, garífunas y negras de habla inglesa, en el contexto del debate legislativo sobre la iniciativa.

La OACNUDH manifestó su preocupación por el impacto que la propuesta podría tener en derechos reconocidos por instrumentos internacionales y solicitó que el proyecto sea analizado detalladamente para prevenir daños a estos sectores de la población.

Según la oficina, la iniciativa podría repercutir en el ejercicio de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de comunidades campesinas y de pueblos indígenas, garífunas y negros de habla inglesa que viven en diversas regiones del país.

Conflictos por la tierra y el territorio

La OACNUDH señaló que la legislación podría incidir en las disputas por tierras y territorios, un problema que se arrastra desde hace décadas en distintas zonas de Honduras.

Algunas disposiciones del proyecto podrían afectar la forma en que se desarrollan y gestionan los conflictos agrarios, en particular aquellos que involucran a comunidades que reclaman derechos históricos sobre determinados territorios.

La oficina recordó que el acceso a la tierra es esencial para la subsistencia, la identidad cultural y el desarrollo económico de muchas comunidades indígenas y campesinas.

Para estos grupos, la tierra no es solo un medio de producción, sino también parte de su historia, su organización social y sus modos tradicionales de vida.

Riesgo para la protesta social

Otro aspecto señalado por la OACNUDH es el riesgo de que la normativa contribuya a la criminalización de conflictos sociales vinculados al acceso a la tierra y al territorio.

La oficina advirtió que la ley podría crear condiciones que limiten el ejercicio de derechos fundamentales asociados a la protesta social, las huelgas, las manifestaciones y otras formas colectivas de reivindicación utilizadas por comunidades y organizaciones para expresar sus demandas.

La OACNUDH recordó que los conflictos agrarios suelen implicar disputas complejas entre actores sociales, económicos y estatales, por lo que cualquier marco normativo debe equilibrar la protección de la inversión y la seguridad jurídica con el respeto a los derechos humanos.

También señaló que distintas organizaciones han planteado la necesidad de abordar los conflictos de tierra mediante mecanismos de diálogo y mediación, con el fin de evitar respuestas que incrementen la confrontación entre las partes.

Compatibilidad con estándares internacionales

La OACNUDH enfatizó que toda iniciativa legislativa debe ser compatible con las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos.

Subrayó la importancia de respetar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las garantías relacionadas con el acceso, uso y protección de tierras ancestrales.

La oficina indicó que estos principios están respaldados por instrumentos internacionales ratificados por el Estado hondureño, los cuales establecen obligaciones específicas para proteger a grupos históricamente vulnerables frente a decisiones que puedan afectar sus territorios o formas de vida.

Asimismo, señaló que los procesos legislativos deben llevarse a cabo con una perspectiva inclusiva y con la participación efectiva de los sectores potencialmente afectados por las nuevas disposiciones.

Pedido de diálogo en el Congreso

Entre las recomendaciones dirigidas al Congreso Nacional figura la adopción de medidas para prevenir el agravamiento de los conflictos relacionados con la tierra, el territorio y los recursos naturales.

La OACNUDH instó a las autoridades a fortalecer los mecanismos de diálogo que permitan construir soluciones consensuadas entre los actores implicados, incluyendo organizaciones campesinas, comunidades indígenas, representantes del sector agroindustrial, instituciones estatales y otros sectores interesados.

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