El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que establece las condiciones para aplicar un régimen extraordinario y temporal en casos de amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
Al firmar la norma, el mandatario dijo que la promulga para “defender a las grandes mayorías” frente a quienes, según él, intentan desestabilizar el proceso democrático, y atribuyó las protestas al “narco terrorismo”.
Aunque sostuvo que “el diálogo es lo principal” para resolver los conflictos, se dirigió a las Fuerzas Armadas pidiéndoles actuar con firmeza y profesionalismo, respetando los derechos humanos y la Constitución.
La ley entra en vigor en medio de 33 días de bloqueos masivos que han paralizado gran parte del país. Con esta norma, el presidente podrá decretar estado de excepción por hasta 90 días, con aprobación de la Asamblea Legislativa y posibilidad de prórroga.
El trámite legislativo fue rápido: la norma se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados, y fue sancionada en la madrugada del domingo tras una sesión de más de diez horas.
Aunque la ley obtuvo mayoría, generó un debate intenso entre parlamentarios, que combinaron llamados a restablecer el orden con cuestionamientos sobre cómo se aplicará la medida.
La mayor controversia se centró en un artículo que presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas del orden durante el estado de excepción, lo que para algunos podría facilitar abusos y vulneraciones de derechos humanos.
Bolivia enfrenta más de un mes de protestas sociales y bloqueos que comenzaron en la región andina y se extendieron a seis de los nueve departamentos del país.
Las movilizaciones arrancaron con reclamos sindicales por aumentos salariales y objeciones a la calidad del combustible y a ciertas reformas gubernamentales, pero gradualmente se ampliaron hasta exigir la renuncia del presidente y endurecer las medidas de presión.
La Administradora Boliviana de Carreteras reportó 84 piquetes en todo el país, que han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor impacto en La Paz y El Alto, y aumentos en los precios de productos básicos.
Medios locales también informan interrupciones en servicios médicos por falta de oxígeno, suspensión de clases presenciales y anomalías en el transporte público y la recolección de basura.
La situación resulta insostenible para la población afectada y agrava las pérdidas económicas en sectores estratégicos como el transporte y la industria.
Ante ello, actores políticos, empresariales y organizaciones civiles han presionado al Gobierno para que se pongan fin a los bloqueos debido al alto costo social y económico.
El Estado ha recurrido de forma limitada a las fuerzas del orden para desbloquear vías, promovió convocatorias al diálogo que no prosperaron y habilitó corredores humanitarios temporales para el paso de alimentos y mercancías.
Sin una estrategia clara para resolver el conflicto, el Ejecutivo dispone ahora de una herramienta adicional: el estado de excepción puede decretarse por vía de decreto supremo y debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa en un plazo de 72 horas.
