La vivienda de Oswaldo Rivas, reconocido fotoperiodista nicaragüense, figura entre los bienes confiscados por el régimen y está ofertada en la plataforma Encuentra24 por 255,000 dólares. La casa, situada en el kilómetro 11 de la carretera vieja a León, en Managua, aparece a la venta después de haber sido ocupada por la Policía en 2024, según informó La Prensa de Nicaragua.
Rivas, que se encuentra exiliado en Estados Unidos, se enteró del anuncio en línea sobre un inmueble en el que invirtió más de dos décadas y que perdió tras huir ante la persecución estatal. El aviso de venta fue publicado a finales de mayo de 2026 por una persona identificada como Moreno Merlo, gestor de bienes raíces; Rivas dice no conocer al vendedor y constató que se reutilizaron las fotografías que él había publicado antes de su salida del país.
La casa confiscada tiene dos plantas, tres habitaciones, tres baños, comedor, sala, cocina, terraza y un patio amplio con estacionamiento. El área construida es de 464 metros cuadrados y el terreno suma 4,218 metros cuadrados. Según Rivas, la Policía ocupó la propiedad el 6 de junio de 2024, un día después de que recibiera advertencias de posible detención, y durante el allanamiento se retiraron computadoras, televisores, bicicletas y vehículos que estaban en la vivienda.
Persecución y exilio
Con casi 40 años de trayectoria, Rivas trabajó como fotoperiodista y cubrió para la agencia AFP las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De acuerdo con La Prensa, la persecución comenzó el 4 de junio de 2024, cuando agentes le impidieron trabajar en la catedral de Granada mientras preparaba un reportaje con un colega extranjero. Tras recibir una advertencia huyó del Estadio Nacional y se ocultó hasta confirmar que su casa estaba siendo allanada.
Al día siguiente, tres camionetas con policías llegaron a la casa y permanecieron allí junto con su familia, que finalmente también debió exiliarse. Rivas ha perdido contacto con vecinos y allegados, desconoce quién ocupa ahora la vivienda y no existe constancia de acusaciones formales en su contra en el sistema judicial nicaragüense. Señaló además que, tras consultar con abogados, estos le indicaron que no podían intervenir porque podrían perder su licencia profesional. La propiedad fue entregada a un tercero identificado como Armando Llanes, de quien Rivas dice no saber más.
“La fuimos construyendo desde cero, con puro sudor”, declaró Rivas, recordando que compró el terreno a finales de los años noventa y que desde 2003 levantó la casa con esfuerzo familiar y préstamos. Asegura que la confiscación no responde a motivos legales: “Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ni siquiera hacía fotos de política ya para no meterme mucho en los rollos”.
Contexto: otras confiscaciones y ventas de propiedades en Nicaragua
Las incautaciones y la posterior transferencia o venta de bienes en Nicaragua se han repetido desde 2018. El régimen ha expropiado cientos de propiedades pertenecientes a periodistas, empresarios, ONG, universidades, asociaciones y miembros de la Iglesia católica. Investigaciones, como las de Confidencial, indican que entre agosto de 2024 y principios de 2025 el Estado donó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) al menos 93 propiedades, muchas procedentes de confiscaciones a opositores y organizaciones sociales; en numerosos casos se ocultaron datos registrales, dificultando reclamaciones de los propietarios originales.
Otros casos documentados incluyen propiedades de periodistas, como el hostal y vivienda del comunicador Henry Briceño, que fueron reconvertidas en centros públicos o asignadas a entidades afines al oficialismo. Con frecuencia las medidas abarcaron también cuentas bancarias, vehículos, joyas y efectos personales, dejando a las personas afectadas sin patrimonio y con escasas posibilidades de recurso legal.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2025, señaló un patrón sistemático en la política de confiscaciones: más de 5,000 organizaciones han sido clausuradas desde 2018 y la cifra de personas despojadas de sus bienes supera las 450. Por estas razones, la embajada de Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos evitar inversiones inmobiliarias en el país, citando la arbitrariedad y la inseguridad jurídica asociadas a la ocupación y venta de propiedades sin aviso ni debido proceso.
