La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 imputó a los propietarios de la empresa Constructora Sudamericana (COSUD) S.A. en la causa que investiga el derrumbe de la losa del sector 2 del complejo habitacional “Estación Buenos Aires”, en el barrio de Parque Patricios, tras la reconfiguración de la carátula por parte del Ministerio Público Fiscal. Ante la falta de respuestas, un vecino anunció que se mudará hasta que la situación se remedie.
La fiscal María Rosa Selvatici sostuvo que el presidente del directorio, Rudi Boggiano; el arquitecto y vicedirector Carlos Rubén Bertrán; el ingeniero, director titular y apoderado Néstor Raúl Caputo; el ingeniero Martín Cittadini; la arquitecta Mónica Fabiana Rzepa; el apoderado Carlos Rocha; y el jefe de obra Julio Momo llevaron a cabo la construcción del sector 2 con “vicios estructurales” en la losa de planta baja que cubre el estacionamiento del primer subsuelo en su parte central.
Según la fiscalía, los responsables aplicaron una “sobrecarga de aproximadamente 0,70 metros de tierra natural más placas de laja, sin un sistema de drenaje eficaz para el patio central” y desoyeron reclamos formales y reiterados por filtraciones y compromiso estructural dirigidos a la empresa desde 2022, incluida una intimación del Ministerio Público Fiscal cuyo cumplimiento no se concretó antes del colapso.
Además, atribuyó al encargado del área técnica de COSUD, Cristian Andrés Tejía, y al ingeniero Francisco Adolfo Sierra la realización, en el período inmediato anterior al derrumbe, de tareas de perforación e impermeabilización sin memoria descriptiva ni proyecto de intervención previo, en una losa cuyo compromiso estructural por filtraciones reiteradas era conocido por la empresa.
Por otra parte, imputó a los apoderados del Banco Hipotecario el incumplimiento del deber fiduciario de control de la obra que pesa sobre el fiduciario según el contrato de fideicomiso, pese al conocimiento documentado de las filtraciones y del compromiso estructural de la viga sobre el subsuelo del sector que luego colapsó.
La calificación del expediente se modificó a estrago culposo agravado, delito que tipifica la imprudencia, negligencia o impericia que pone en riesgo la seguridad pública y que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión.
