Una nueva ley sobre el matrimonio infantil promovida por el régimen talibán en Afganistán permite que niñas de hasta 10 años sean obligadas a casarse, un cambio que organizaciones de derechos humanos consideran un avance más en el control sobre la vida de las mujeres afganas, informó Nikkei Asia.
La norma, vigente desde el mes pasado, forma parte de un nuevo código de familia talibán que elimina las salvaguardas anteriores sobre la edad mínima para casarse y restringe las vías de divorcio para las mujeres. Zahra Nader, editora en jefe del medio afgano dirigido por mujeres Zan Times, exiliado en Canadá, afirmó que la ley “intenta regular la vida familiar” y deja a las niñas casadas sin posibilidad de escapar de esa situación.
Nader explicó que, ante la crisis económica, muchas familias afganas optan por una hija cuando deben “vender” a uno de sus miembros para mantener al resto, y que el matrimonio es la vía más habitual para hacerlo.
Shahrzad Akbar, fundadora de la organización de derechos humanos Rawadari, con sede en Londres, señaló que la ley talibán redefine la infancia: considera niño únicamente a quien tenga menos de nueve años, de modo que niñas de diez, doce o trece años casadas ya no serían tratadas como menores según ese marco legal. Akbar afirmó que la medida revierte las protecciones de la ley de protección infantil de 2019, que establecía los 18 años como edad legal para el matrimonio.
La decisión se produce en un contexto de crecientes restricciones a las mujeres afganas, que ya tienen prohibido el acceso a la educación secundaria y enfrentan límites más severos para trabajar y desplazarse. UNICEF estima que más de un millón de niñas afganas quedaron fuera de la escuela secundaria desde 2021, y que la cifra podría superar los dos millones hacia 2030 si las restricciones persisten. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, advirtió que Afganistán no puede permitirse perder a las futuras maestras, enfermeras, médicas, parteras y trabajadoras sociales que sostienen servicios esenciales.
Akbar alertó que la exclusión de las mujeres del mercado laboral y del sistema educativo empobrecerá aún más a la sociedad afgana y aumentará la dependencia del país de la ayuda humanitaria internacional, en un momento en que esos fondos disminuyen a nivel global. También anticipó un incremento de los matrimonios infantiles, familias más numerosas y una mayor presión sobre un sistema de salud que ya carece de personal médico femenino suficiente.
Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán en Human Rights Watch, advirtió que si continúa esta tendencia, la próxima generación “ya no recordará lo que era normal” y la sociedad se volverá “extremadamente misógina”. Abbasi cuestionó además la reciente invitación de la Unión Europea a una delegación talibán para dialogar en Bruselas mientras las mujeres afganas permanecen confinadas en sus hogares y con movilidad limitada.
Según Akbar, muchos diplomáticos y funcionarios internacionales subestimaron inicialmente el alcance de las restricciones, suponiendo que no se aplicarían en su totalidad. Cinco años después, sostiene que estos decretos forman parte de “un sistema cohesivo de gobierno y opresión” orientado a radicalizar a la sociedad afgana, y lamentó que en la agenda internacional la cooperación antiterrorista o los intereses económicos sigan primando sobre los derechos de las mujeres.
