Así lo afirmó Gonzalo Sanfelippo, martillero público y titular de Sanfelippo Propiedades, quien celebró el retiro del proyecto y advirtió sobre los riesgos de avanzar en una desregulación de este tipo.
El retiro del proyecto de ley que buscaba desregular la actividad inmobiliaria en la Provincia de Buenos Aires fue recibido con alivio por el sector profesional. La iniciativa impulsada por legisladores de La Libertad Avanza proponía modificar el régimen vigente del corretaje inmobiliario, lo que habría debilitado herramientas clave de control, responsabilidad y protección al consumidor.
En un mercado que afecta la vivienda, el ahorro, la inversión y el patrimonio familiar, la intervención de profesionales formados y matriculados y la supervisión institucional no son un privilegio sectorial sino una garantía para la sociedad.
Así lo expresó Gonzalo Sanfelippo, martillero público, corredor de comercio y titular de Sanfelippo Propiedades, quien celebró la retirada del proyecto y advirtió sobre los riesgos que hubiera implicado una desregulación de estas características.
“El proyecto partía de un diagnóstico equivocado: presentaba la regulación como un obstáculo cuando en realidad es una protección. La matrícula profesional y el control de los colegios inmobiliarios no existen para favorecer a los corredores, sino para proteger a quienes compran, venden o alquilan una propiedad”, afirmó.
La actividad inmobiliaria requiere formación específica, responsabilidad profesional, matrícula habilitante y fiscalización constante por parte de los colegios. Este marco permite identificar responsables, prevenir abusos, canalizar reclamos, investigar irregularidades y sancionar malas prácticas.
Sanfelippo señaló que debilitar ese esquema habría sido un serio retroceso. “Eliminar controles en una actividad donde una familia puede arriesgar sus ahorros de toda la vida aumenta los riesgos. No se trata de operaciones menores, sino de viviendas, alquileres, inversiones y patrimonio familiar. Menos controles no significan más seguridad”, subrayó.
También advirtió que la informalidad ya se traduce en distintas modalidades de fraude que afectan al mercado inmobiliario.
“Aun con controles, recibimos consultas de personas estafadas. Hay delincuentes que se hacen pasar por propietarios, publican inmuebles ajenos, usan fotos de internet y piden reservas o señas por visitas ficticias. Luego desaparecen con el dinero”, explicó.
Además, alertó sobre estafas relacionadas con alquileres temporarios, un problema creciente.
“Muchas familias reservan propiedades para vacacionar creyendo que contratan de forma legítima. Pagan por adelantado, viajan y al llegar descubren que el inmueble no existe, no está disponible o fue ofrecido fraudulentamente. Son situaciones con pérdidas económicas y gran impacto emocional”, agregó.
El rol del corredor matriculado y los colegios profesionales
Sanfelippo destacó que el corredor inmobiliario matriculado cumple una función social clave: ordenar, verificar, asesorar y brindar seguridad en operaciones de gran impacto para las personas.
“El corretaje profesional no se limita a poner en contacto a las partes. Un corredor matriculado verifica documentación, detecta inconsistencias, acompaña el proceso, aporta conocimiento técnico y ofrece seguridad jurídica. Detrás de cada profesional hay formación, responsabilidad, ética y una institución que controla su actuación. Eso protege a los ciudadanos”, señaló.
Asimismo remarcó que los colegios inmobiliarios son organismos esenciales para garantizar la transparencia en el ejercicio profesional.
“Los colegios no son burocracia innecesaria; son instituciones para controlar la profesión, promover la capacitación, recibir denuncias, investigar irregularidades y sancionar malas prácticas. Si esos mecanismos se debilitan, la sociedad queda más expuesta y los consumidores pierden herramientas de protección”, afirmó.
Sanfelippo rechazó la idea de que regulación y modernización sean incompatibles.
“Apoyamos la tecnología, la digitalización y la simplificación de trámites. Pero modernizar no equivale a desproteger: significa mejorar procesos, agilizar gestiones y elevar estándares, no suprimir controles que resguardan a las familias”, puntualizó.
Para él, el proyecto avanzaba en sentido contrario a las necesidades del mercado y de los consumidores.
“En un contexto que exige cada vez más transparencia, trazabilidad y seguridad, debilitar la matrícula profesional y el control institucional habría sido un retroceso. La sociedad necesita más garantías, no menos”, expresó.
En conclusión, consideró que el retiro de la iniciativa evitó que la Provincia de Buenos Aires se encaminara a un modelo con menores resguardos para la ciudadanía.
“Comprar una vivienda, alquilar o invertir implica años de esfuerzo y ahorro. Defender la matrícula profesional, el control de los colegios y el ejercicio responsable del corretaje es defender la transparencia, la seguridad jurídica y el patrimonio de las familias. Por eso celebramos la retirada de este proyecto”, concluyó.
La entrada Gonzalo Sanfelippo: “La matrícula inmobiliaria es una garantía para las familias bonaerenses” se publicó primero en DataConurbano.
