El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público investiga a más de 300 personas por su presunta participación en los bloqueos de caminos que afectaron al país en las últimas semanas.
Mariaca detalló que hay diversos procesos en todo el territorio, con personas aprehendidas e imputadas, y que las investigaciones se concentran, entre otros, en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí.
El fiscal señaló que algunos imputados aceptaron procedimientos abreviados; como ejemplo, en Cochabamba ocho personas acordaron una salida alternativa mediante este mecanismo.
Asimismo, indicó que hay casos con detención preventiva y que los procesos penales permanecen abiertos, remarcando que no se han cerrado las investigaciones.
La tensión social se intensificó cuando distintas demandas sectoriales confluyeron y se tradujeron en pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos de caminos comenzaron el 6 de mayo y se extendieron hasta el 22 de junio; participaron comunidades indígenas del altiplano, trabajadores sindicados, juntas vecinales de El Alto y cocaleros afines al expresidente Evo Morales, con la intención de presionar la salida del mandatario.
En su momento más crítico, la medida de fuerza alcanzó unos 90 piquetes simultáneos en siete de los nueve departamentos, lo que paralizó en gran medida el transporte nacional.
Los cortes de ruta provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos, especialmente en La Paz, donde las vías de acceso permanecieron cerradas; además se registraron impactos en sectores como el turismo, el transporte y la industria.
Organismos vinculados al comercio exterior y la industria estimaron pérdidas cercanas a los 3.000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 5% del PIB. Además, la falta de atención médica oportuna durante los bloqueos causó víctimas fatales.
Las pesquisas anunciadas por Mariaca se desarrollan en un contexto en el que hay llamados a que los responsables no queden impunes. Tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) que incluyó un compromiso de no perseguir judicialmente a líderes y revisar la situación de los detenidos, sectores empresariales y cívicos anunciaron que impulsarían acciones penales.
“Esto no puede quedar sin responsables”, declaró Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, entidad que agrupa a varias instituciones y que anunció denuncias contra los principales dirigentes señalados.
Al menos tres dirigentes están en la mira de quienes exigen sanciones: el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo; el dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar; y el expresidente Evo Morales. Hasta la publicación de esta nota no se informaba públicamente de procesos judiciales abiertos contra ellos por este caso.
