Sudáfrica enfrenta una crisis migratoria marcada por episodios de violencia xenófoba: desde el 7 de junio más de 35.000 extranjeros han sido repatriados o expulsados, y miles más intentaban salir del país este viernes, informó la Autoridad de Gestión de Fronteras.
Grupos antimigración exigieron la salida de todos los indocumentados antes del 30 de junio. Ese ultimátum provocó marchas en varias ciudades, algunas derivaron en saqueos y enfrentamientos; la policía sudafricana confirmó al menos cuatro muertos —dos mozambiqueños, un etíope y un malauí— y más de 900 detenidos.
La presión en los pasos fronterizos sigue alta. Cerca de 11.000 personas esperaban en las inmediaciones de la ciudad fronteriza de Musina para completar trámites de salida, según el medio público SABC. Los retornos se coordinan principalmente a través del puesto de Beitbridge, donde participan la embajada de Zimbabue, el gobierno sudafricano y el Departamento de Protección Civil de Zimbabue.
Solo Zimbabue ha registrado más de 56.000 retornados desde fines de mayo: 47.252 salieron por cuenta propia y 9.221 recibieron asistencia estatal, dijo Joshua Chibundu, responsable regional de Inmigración. Beitbridge también funciona como corredor de tránsito para ciudadanos de Malaui que deben cruzar Zimbabue para continuar su viaje.
En Durban, las autoridades desalojaron un refugio que llegó a albergar hasta 10.000 personas; ese mismo día se presentaron cerca de 1.000 migrantes más. Además, Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Mozambique y Malaui organizaron repatriaciones voluntarias para sus ciudadanos.
La urgencia de la situación se refleja en testimonios personales. Musa Hashimi, un malauí de 32 años que trabajaba en una fábrica textil, relató que tras las amenazas en su barrio decidió marcharse antes de que lo agredieran. Fahida Kazembe, también malauí y embarazada de ocho meses, contó que su casera les dijo la noche anterior que ya no podían seguir viviendo allí.
Ante la escalada, el presidente Cyril Ramaphosa autorizó el despliegue de 3.405 miembros de la Fuerza de Defensa Nacional (SANDF) desde el 28 de junio, con un costo estimado en 54,6 millones de rands (unos 3,37 millones de dólares). Los grupos antimigración anunciaron que mantendrán marchas semanales para presionar a las autoridades.
El ministro en la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, advirtió que los grupos movilizados no pueden continuar yendo “puerta por puerta exigiendo documentos de identidad a ciudadanos extranjeros”. El gobierno condenó los ataques, aunque subrayó su derecho a frenar el ingreso clandestino.
Los convocantes atribuyen a los extranjeros problemas como el desempleo, deficiencias en servicios públicos y un aumento de la delincuencia, e incluso en algunos casos les negaron acceso a atención médica y educación. Investigadores sociales indican que esas afirmaciones no están respaldadas por datos: la población nacida en el extranjero ronda los 3 millones, aproximadamente el 4% del total, según StatsSA.
La violencia xenófoba tiene precedentes en Sudáfrica: el episodio más grave fue en 2008, con más de 60 fallecidos; en 2019 se registró otro brote que dejó al menos 18 muertos.
(Con información de AFP, EFE y Reuters)
