La Justicia boliviana ordenó prisión preventiva por seis meses para Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari. Además se decretó un estado de excepción por 90 días, medida que desincentivó la continuidad de las protestas y contribuyó al repliegue de otros sectores movilizados. A partir de entonces se instalaron mesas de trabajo con los sindicatos obreros para atender sus demandas.
Ante los pedidos de sancionar a otros promotores de los bloqueos —entre ellos el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el expresidente Morales—, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, señaló que se realizan investigaciones para identificar a los “culpables de estos delitos”. “Todos los que tienen que rendir cuentas a la justicia tienen que estar sin excepción alguna”, declaró Oviedo en Radio Panamericana.
