Mariela Fernanda Marzano está acusada de ejercer la medicina con títulos cuya validez fue cuestionada: la universidad venezolana negó que haya sido alumna y la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que nunca viajó a Venezuela, requisito necesario para convalidar esa formación.
La justicia ordenó el resguardo de historias clínicas de pacientes atendidos por Marzano y efectivizó un allanamiento en su vivienda, donde secuestraron títulos, sellos, recetarios, medicamentos y dispositivos electrónicos. Además, tres familias denunciaron “homicidio culposo” por muertes ocurridas durante la atención de la imputada, lo que sumó una investigación de carácter federal.
El caso dejó en evidencia deficiencias en los mecanismos de control del sistema de salud, ya que ni el Estado provincial ni los centros privados detectaron la irregularidad en tiempo. La investigación se concentrará ahora en los procesos de contratación y verificación de títulos en clínicas privadas; el fiscal Zanona anunció que se realizarán entrevistas para precisar responsabilidades institucionales.
Aunque el impacto institucional y sanitario es importante, las expectativas de una pena severa son reducidas: el Código Penal argentino establece para el ejercicio ilegal de la medicina sanciones de entre quince días y un año de prisión, y la ausencia de antecedentes de Marzano podría influir en la pena. La causa permanece abierta y bajo escrutinio público, con el objetivo de determinar si hubo perjuicio económico al Estado o a los pacientes y de deslindar responsabilidades en la cadena de control que falló.
