Una niña wichí de 12 años que fue víctima de abuso se encadenó esta semana en el edificio de la Justicia de Tartagal, en el norte de Salta, porque temía que la citación judicial implicara la interrupción forzada del embarazo de cinco meses que cursa. La menor actuó así al interpretar la convocatoria como una posible obligación a abortar.
El caso se investiga en sede penal por el Poder Judicial de Salta. Hay un joven de 19 años imputado por abuso sexual con acceso carnal.
La denuncia la presentó la fiscal penal de Violencia de Género del distrito. El hecho ocurrió en un paraje donde vive la comunidad wichí y la menor quedó embarazada como consecuencia del abuso.
El martes pasado la niña fue citada a la sede judicial para prestar declaración. Según el comunicado oficial del Poder Judicial de Salta, la audiencia se iba a realizar por circuito cerrado de televisión (CCTV) para proteger su integridad y privacidad.
La menor entendió que la citación podía referirse a la interrupción del embarazo y, por esa confusión, se encadenó en la Ciudad Judicial acompañada por su madre y por la referente de la comunidad wichí, Marcela Calermo.
Una psicóloga del Ministerio Público de Tartagal la asistió de inmediato y le explicaron que la convocatoria tenía el propósito de que relatara lo sucedido en el marco de la investigación.
Según el informe oficial, la menor recibió acompañamiento durante toda la diligencia y tanto ella como su familia contaron con un intérprete para asegurar la comprensión del proceso.
Una vez aclaradas sus dudas, la niña prestó testimonio y la causa continuó su curso. El Juzgado de Garantías N°2 ordenó la detención del acusado y la Policía continúa con la búsqueda.
Mientras tanto, la menor permanece bajo seguimiento sanitario. Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de la provincia de Salta, explicó en una entrevista que detectó el embarazo durante un operativo sanitario en zona rural cuando la chica tenía alrededor de ocho semanas de gestación.
Leal dijo que a la madre se le informó sobre las opciones legales ante un embarazo, incluida la posibilidad de interrupción, y sostuvo que en ningún momento se obligó a la menor a abortar.
Desde entonces la niña recibe controles en la maternidad del hospital de Tartagal, con seguimiento de tocoginecología, psicología, trabajo social y nutrición. Por la lejanía de su lugar de residencia, fue internada para garantizar los estudios y el seguimiento necesarios.
Sobre los riesgos, Leal señaló que todo embarazo en menores conlleva riesgos obstétricos, como ocurre también en madres de mayor edad, y que la respuesta médica consiste en acompañar y monitorizar la salud de la paciente con controles adaptados a sus necesidades.
Por su parte, Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, indicó a Videotar Noticias que el área ignoraba que la niña estaba involucrada en este proceso judicial y que el hecho les causó sorpresa.
Tackzek aclaró que la institución garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que, por la reserva del caso, no se brindarán detalles. Recordó que una niña no puede otorgar consentimiento para relaciones sexuales y que la ley no puede obligar a nadie a interrumpir un embarazo contra su voluntad; por ello se recomienda asesoramiento legal y sanitario a las familias.
Tras la protesta y la declaración, la niña fue sometida a nuevos controles médicos. Según informó Marcela Calermo a medios locales, tanto la menor como el feto se encuentran en buen estado de salud y el seguimiento profesional continuará.
