El Consejo Constitucional rechazó este viernes la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años en Francia, una medida destacada del final del mandato de Emmanuel Macron, al considerarla una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión.
La institución fue requerida a finales de julio por diputados socialistas y de la izquierda radical en relación con el artículo 1 de la ley destinada a proteger a los menores frente a las redes sociales.
Los magistrados estiman que esa disposición, que prohibía el acceso a redes sociales a menores de 15 años, “supone una vulneración que no resulta adaptada, necesaria ni proporcionada” de su libertad de expresión y de comunicación.
Si bien reconocen “la exigencia constitucional de protección del interés superior del menor”, advierten que la prohibición es demasiado amplia y podría aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores no han sido acreditados.
La norma, diseñada para entrar en vigor el 1 de septiembre, no solo afectaba a las redes sociales tradicionales sino también a funciones sociales —como canales compartidos y comentarios— de sitios muy populares como YouTube, a aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Messenger) y a ciertos videojuegos en línea. Aunque la ley preveía excepciones, por ejemplo para enciclopedias en línea y repertorios educativos o científicos, el Consejo Constitucional consideró que eran demasiado “limitadas”.
Tras conocer el dictamen, Emmanuel Macron encargó a Sébastien Lecornu que reelabore la ley con “una redacción jurídicamente robusta” de la prohibición de las redes sociales para menores de quince años.
La Presidencia explicó en un comunicado que el primer ministro deberá trabajar “a la mayor brevedad posible” en una redacción que tenga en cuenta la decisión del Consejo Constitucional y el marco europeo, y subrayó que la determinación del jefe del Estado para sacar adelante la reforma “de aquí a la primavera de 2027” permanece intacta.
Resultados dispares en Australia
El Gobierno defendía la ley como un medio para proteger a los más jóvenes de efectos perjudiciales vinculados al uso de estas plataformas, como ansiedad, depresión, trastornos del sueño y acoso en línea, preocupaciones planteadas por numerosas asociaciones de defensa de la infancia.
La aprobación de la ley en el Parlamento francés supuso un hito pionero en Europa y se enmarca en una tendencia global hacia regulaciones más estrictas sobre el acceso de menores a redes sociales.
A finales de 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Desde entonces, varios Estados, entre ellos Brasil, Indonesia, Reino Unido y Nueva Zelanda, han aprobado medidas similares o estudian prohibiciones comparables.
En Australia los resultados han sido dispares: un estudio publicado en el British Medical Journal solo observó cambios leves en el uso entre usuarios de 12 a 13 años, un ligero descenso entre los de 14 a 15 y un aumento en la franja de 16 años en adelante.
Asimismo, se ha documentado que menores eluden las restricciones usando cuentas registradas a nombre de adultos o conectándose mediante una VPN, que permite simular la localización en otro país.
La Comisión Europea anunció en julio su intención de implantar un acceso “progresivo y escalonado” de los menores a las redes sociales; un comité de expertos recomendó la prohibición para menores de 13 años, dejando margen a que cada país establezca su edad mínima. Al haber sido consultado únicamente sobre el artículo 1, el Consejo Constitucional no se pronunció sobre la prohibición del teléfono móvil en los institutos, también incluida en ese mismo texto legislativo y prevista para el 1 de septiembre.
