El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó los resultados del Consejo de Mayo, órgano consultivo creado por iniciativa del presidente Javier Milei. Ese consejo definió diez ejes para relanzar la gestión nacional y desarrolló ocho de ellos en iniciativas legislativas que se enviarán al Congreso, con énfasis en la modernización de las normas laborales, la inviolabilidad de la propiedad privada y cambios en el sistema tributario.
Esas propuestas, plasmadas en proyectos de ley, serán tratadas en las sesiones extraordinarias que comenzarán el miércoles 10 de diciembre, convocadas por el Gobierno nacional.
Uno de los puntos centrales es la inviolabilidad de la propiedad privada. La Ley de Expropiaciones establecerá una indemnización equivalente al valor de mercado anterior al anuncio, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y determinada por tasadores independientes. En materia de desalojos se prevé la entrega inmediata del inmueble ante tenencia precaria, intrusión o usurpación. Respecto a la regulación dominial en barrios populares, se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.
En cuanto a tierras rurales, el proyecto permite la compra por parte de privados extranjeros y suprime la prohibición que impedía cambiar la actividad productiva del campo durante 30 a 60 años tras un incendio.
Sobre el “equilibrio fiscal innegociable”, se propone una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, incluida en el temario de las sesiones extraordinarias. Adorni indicó que el Consejo plantea reforzar públicamente el compromiso del Presidente y de los gobernadores de no solicitar autorizaciones de endeudamiento si una provincia registra déficit primario, salvo para rollovers de deuda o ante un riesgo crediticio superior al de la Nación.
En materia de control del gasto público, Adorni explicó que en 2024 Nación, provincias y municipios redujeron fuertemente el gasto consolidado, llevándolo del 42% al 31% del PBI. No obstante, en 2025 esa tendencia se interrumpió: solo el Gobierno nacional mantuvo la política de ajuste, mientras provincias y municipios aumentaron sus erogaciones. Adorni aclaró que su referencia agrupa resultados provinciales en conjunto y que no todas las jurisdicciones se comportaron igual. Ante este panorama, el Consejo propone un compromiso para congelar el gasto primario real, de modo que el crecimiento económico permita que el gasto total se acerque al 25% del PBI, y plantea excluir del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las jurisdicciones que no cumplan los objetivos.
En el ámbito tributario, el informe incorpora proyectos diseñados por el Ministerio de Economía con efecto fiscal inmediato. Incluye la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (“Inocencia Fiscal”), un sistema simplificado para la declaración del impuesto a las Ganancias —“ARCA hace tu declaración por vos”— y un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que reduce cargas para empleadores durante dos años y promueve el empleo registrado. También contempla incentivos fiscales para inversiones medianas y exenciones de IVA en energía eléctrica para uso industrial. Adorni destacó desgravaciones sobre impuestos internos a productos electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres destinados a vivienda, entre otros, así como la eliminación de tributos cedulares sobre renta financiera y la enajenación de inmuebles.
El capítulo de recursos naturales encendió un debate técnico y político sobre normas clave. Se propuso modificar la Ley de Glaciares —trabajada desde la Secretaría Legal y Técnica con aportes de los sectores del Consejo— y revisar el régimen de zona fría, previsto en el Presupuesto 2026. También se prevén actualizaciones de la Ley de Bosques, cambios en la Ley de Acuicultura y la propuesta de eliminar leyes provinciales de compra local y topes de mano de obra. El Consejo advirtió que, frente al auge de la minería, es necesario integrar el mercado de factores a nivel nacional en lugar de imponer topes que complican la actividad.
En cuanto a la modernización laboral, Adorni señaló que se dará prioridad a la discusión sobre la ultraactividad y la prelación de convenios, junto con la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Se abordan además temas específicos para autónomos y trabajadores de plataformas, modificaciones en el régimen de trabajo agrario y la derogación de normas consideradas obsoletas, como la ley de teletrabajo promulgada durante la pandemia.
Finalmente, el informe subraya la necesidad de abrir el comercio exterior. Adorni calificó a la Argentina como “el país más cerrado del mundo” por las barreras arancelarias, paraarancelarias y los desequilibrios normativos. Afirmó que el país debe alinearse con los tratados internacionales adoptados por los mercados más competitivos y anunció el impulso para implementar plenamente acuerdos ya aprobados y la próxima presentación al Congreso de convenios pendientes, entre ellos el Tratado de Cooperación en Patentes. Su aprobación sería, según dijo, un avance importante para la comunidad científica, el CONICET y la industria, porque reduciría sustancialmente el costo de proteger la propiedad intelectual.
