Un enfrentamiento interno entre una coalición criminal y un grupo disidente dejó al menos 49 personas muertas en Puerto Príncipe, según reportaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se contabilizaron al menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de atención médica. La cifra de fallecidos podría aumentar, porque continúan los episodios violentos y el acceso a la zona afectada sigue restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Las muertes incluyeron a Dèdè, uno de los líderes pandilleros más conocidos de Bel-Air, quien fue decapitado durante el conflicto, y a Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal, que resultó herido, fue apartado del liderazgo y hospitalizado.
La dirección del grupo pasó a dos hombres identificados como Jamesly y Ti Gason. La agrupación Krache Dife, aún aliada de Sanon, mantiene vínculos con la coalición Viv Ansanm, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, el 90% de los distritos de la capital haitiana está bajo control de bandas armadas.
Esta escalada de violencia se produce después de que en septiembre de 2023 varias pandillas acordaran una tregua dentro de la coalición Viv Ansanm, lo que redujo temporalmente los enfrentamientos. La ruptura interna desencadenó una nueva ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en las zonas marginales, quedó atrapada en un entorno de violencia constante. Cientos de personas se desplazaron y buscan refugio sin acceso a alimentos ni a productos esenciales.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas como vigilantes, mensajeros o en tareas de alto riesgo, bajo amenazas y coerción. Los que logran escapar enfrentan desplazamiento forzado, exclusión escolar y sanitaria, y en muchos casos carecen de agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, enfrenta hambre aguda. Organizaciones de derechos humanos califican la situación en Haití como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, lo que facilitó la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el comercio ilegal de armas agravaron la inestabilidad institucional.
La escalada criminal y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con agresiones reiteradas a estaciones de policía, hospitales e infraestructura clave.
La infancia, y en particular los menores con discapacidad, sufre de manera desproporcionada: tienen más dificultades para escapar y menos probabilidades de recibir atención especializada, lo que agrava la pérdida de familiares, la interrupción de su educación y un ambiente permanente de miedo.
En el contexto de la preparación para las elecciones de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Las organizaciones internacionales exigen una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades inmediatas de la población.
(Con información de AP)
