Un enfrentamiento entre una poderosa coalición criminal y un grupo disidente en Puerto Príncipe dejó al menos 49 muertos, según organizaciones civiles.
Entre las víctimas hay por lo menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas mientras buscaban atención médica. El número de fallecidos podría aumentar porque los combates continúan y el acceso a la zona sigue restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los muertos figura Dèdè, uno de los líderes más notorios de Bel-Air, que fue decapitado durante los choques. También resultó herido Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal; tras ser atacado fue removido de la dirección del grupo y hospitalizado.
La dirección del grupo pasó a dos presuntos líderes identificados como Jamesly y Ti Gason. La facción Krache Dife, que sigue aliada a Sanon, mantiene vínculos con la coalición Viv Ansanm, señalada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Hoy, alrededor del 90% de los distritos de la capital haitiana están bajo el control de bandas armadas.
Esta escalada se produce después de que en septiembre de 2023 varias pandillas pactaran una tregua bajo la coalición Viv Ansanm, lo que había reducido temporalmente los enfrentamientos; la ruptura interna provocó una nueva ola de asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, especialmente en barrios marginales, queda atrapada en un entorno de violencia continua. Cientos de personas se han desplazado y buscan refugio sin acceso a alimentos ni bienes básicos.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas para tareas de vigilancia, mensajería o encargos de alto riesgo, mediante amenazas y coerción. Los que logran escapar enfrentan desplazamiento forzado, exclusión educativa y sanitaria, y en muchos casos carecen de agua potable y comida.
Más de la mitad de la población —cerca de 12 millones de personas— sufre inseguridad alimentaria aguda. Organizaciones de derechos humanos describen a Haití en una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin liderazgo político efectivo, lo que facilitó la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el comercio ilícito de armas agravaron la inestabilidad institucional.
La intensificación de la actividad criminal y los ataques armados han paralizado amplias zonas del país, con asaltos reiterados a estaciones de policía, hospitales e infraestructura esencial.
La infancia, en particular los menores con discapacidad, sufre de manera desproporcionada: afrontan más obstáculos para huir, menos probabilidades de recibir asistencia especializada y mayor exposición a la pérdida de familiares, la interrupción escolar y un entorno constante de temor.
En el contexto de la preparación del proceso electoral de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organizaciones internacionales demandan una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades más inmediatas de la población.
(Con información de AP)
