(NA) – Un estudio ubica a Argentina como líder en presión fiscal sobre el sector formal, tanto a nivel nacional como subnacional, entre 30 países de la OCDE.
Además, es el único país donde la carga municipal resulta tan onerosa como la provincial: tanto el impuesto sobre los ingresos brutos como la tasa de seguridad e higiene se calculan sobre los ingresos del contribuyente, según la Agencia Noticias Argentinas.
Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, estimó, a partir de datos de la UIA, que existen 85 tasas municipales que los contribuyentes deben afrontar en la jurisdicción donde residen, muchas de ellas solapadas con tributos provinciales.
El estudio señala que el 35% de esas tasas genera doble imposición con los ingresos brutos (IIBB).
Según la consultora vinculada a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), los industriales afrontan en promedio 7,4 tasas.
En el desglose se registra un promedio de 1,4 tasas por municipio; en más de 30 municipios se pagan dos o más. Además, el 81% de esas tasas no tiene contraprestación de servicios y en el 51% no existe proporcionalidad respecto de los servicios recibidos.
Las provincias con mayor cantidad de tasas municipales por empresa son Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Catamarca, Córdoba, Santa Fe y Corrientes.
Hay gravámenes específicos, como la tasa sobre combustibles, que en el Gran Buenos Aires se aplica en 20 municipios.
Fuera del área metropolitana, esa tasa se cobra en al menos otros 89 municipios, entre ellos Junín, Chivilcoy, Castelli, Marcos Paz, General Rodríguez, Luján, San Vicente, Rojas, Salto, Bragado, Alberti, Carmen de Areco, Ramallo, General San Martín; además de localidades costeras y rurales como Pinamar, Mar del Plata y Campana.
Mensaje de la CAC
Con estos datos, la CAC exhortó a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos aumentos tributarios y a revertir incrementos recientes; asimismo, las instó a mejorar la eficiencia del gasto y a intensificar el combate contra la evasión para posibilitar una reducción progresiva de la carga, en línea con lo dispuesto por el Gobierno central.
Según la entidad, esas medidas generarían un entorno más favorable para la inversión, la creación de empleo privado y el aumento del valor agregado empresarial, condiciones necesarias para el progreso económico y social del país.
En ese marco, la CAC manifestó su rechazo al incremento de la presión impositiva impulsado por diversas jurisdicciones subnacionales.
Aunque en los últimos días tomó notoriedad la desmesurada “Tasa de Protección Ambiental” impuesta por el Municipio de Pilar —que en algunos casos llega al 2% de la facturación de los comercios—, la CAC advierte que la elevada presión fiscal es un fenómeno extendido que perjudica la actividad económica en todo el país.
