El gobierno de Guatemala y la Embajada de Estados Unidos firmaron un acuerdo para intercambiar información con el objetivo de mejorar el control y la seguridad del sistema penitenciario y enfrentar con mayor eficacia a estructuras criminales catalogadas como terroristas.
La firma estuvo a cargo del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y del embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, quienes destacaron la cooperación bilateral como herramienta clave contra el crimen organizado y las pandillas.
El convenio se suscribe en medio de una crisis carcelaria, evidenciada hace dos meses por la fuga de 20 integrantes de la mara Barrio 18 —grupo declarado terrorista por Estados Unidos— y por el persistente dominio que ejercen organizaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios, desde donde coordinan extorsiones.
El acuerdo permitirá compartir información sobre personas privadas de libertad que puedan tener vínculos con actividades terroristas. Según el ministro Villeda, la intención es proporcionar al Estado guatemalteco “información más precisa, más accesible y más útil para la toma de decisiones con relación a los privados de libertad”.
El embajador Bradley señaló que la iniciativa constituye “otro golpe contra estos grupos, un golpe contra las pandillas que han intentado desestabilizar al pueblo de Guatemala” y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional.
El diplomático también resaltó la reciente aprobación por parte del Congreso de la Ley Antipandillas, indicando que esta norma incrementa las penas para pandilleros, autoriza la construcción de nuevas cárceles y designa a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18 como grupos terroristas.
Villeda calificó el convenio como “histórico para el mundo”, señalando que es el primer acuerdo de su tipo, y subrayó que el acceso a herramientas tecnológicas e información modernas es esencial para que el Estado ejerza un control efectivo, verificable y confiable sobre las personas bajo custodia.
“El mensaje es claro: el Estado mantiene el control y hoy lo fortalece aún más”, afirmó el ministro de Gobernación.
La crisis del sistema penitenciario se profundizó tras la evasión de los 20 miembros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, en el sureste de la Ciudad de Guatemala. Tras ese hecho, más de veinte personas —entre exfuncionarios y trabajadores del sistema carcelario— han sido detenidas, y hay órdenes de captura contra la anterior cúpula de seguridad del Gobierno, que fue reemplazada.
(Con información de EFE)
