En el cine los villanos casi siempre pierden; en el fútbol argentino no siempre ocurre así. Lo sucedido el 23 de noviembre quedará como un episodio recordado por los aficionados, que se suma a otros hechos polémicos y simbólicos del deporte nacional, como el gol de Maradona a Inglaterra, el descenso de River, el gesto del “Topo Gigio” de Riquelme y, ahora, el denominado “pasillo-gate”.
Tras la llamada “copa escritorio” otorgada a Ángel Di María y Rosario Central por la dupla Chiqui Tapia–Toviggino y el intento de imponer un “pasillo de la vergüenza” al Club Estudiantes de La Plata, se quebró algo en la escena pública del fútbol.
La percepción fue clara: no bastaba con decidir resultados fuera de la cancha ni con exigir aceptación; lo buscado parecía ser obediencia, sumisión y silencio, que nadie cuestionara ni incomodara.
Sin embargo, el guion previsto falló.
Cuando el arbitraje —esa instancia mínima pero esencial de justicia deportiva— actuó correctamente, el relato cambió. Y cuando la justicia funciona, aunque sea de forma puntual, reaparece la dignidad colectiva. No lo celebraron solo los hinchas de un club: fue una reacción de buena parte del público futbolero.
El gesto de Estudiantes, encabezado por su presidente Juan Sebastián Verón, fue simple y contundente: dar la espalda. No hubo insultos ni violencia; se marcó un límite con un fuerte valor simbólico.
Por primera vez en ese episodio, el poder no logró imponer por completo la escena.
La pregunta que queda flotando es inevitable:
¿por qué era necesario llegar a ese extremo?
¿No bastaban el poder acumulado y las posesiones materiales —autos, inmuebles, campos, caballos, mansiones, aviones privados, joyas, relojes y grandes sumas de dinero— para sostener esa influencia?
La respuesta parece ser no.
Cuando el poder necesita humillar para reafirmarse, hay un problema más profundo en juego.
Por eso este episodio excede al fútbol y merece atención pública. En los últimos días varias voces comenzaron a focalizarse en las estructuras que rodean el negocio del fútbol argentino.
Por ejemplo, el periodista Pancho Olivera se preguntó públicamente, en el programa de Mirtha Legrand, si no correspondería indagar si ciertos circuitos de dinero podrían vincularse con el narcotráfico.
En la misma línea, la senadora nacional Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, calificó el accionar de algunos dirigentes como “mafioso” y advirtió que esas prácticas “ensucian al fútbol argentino”.
A través de sus redes sociales enumeró interrogantes que hoy resuenan en la opinión pública:
¿Dónde está el dinero que ingresa por la publicidad y por la Selección?
¿Por qué los premios a los campeones son inferiores a los constantes viajes de dirigentes por el mundo?
¿Qué rol desempeñan empresas financieras que manejan deudas de clubes a cambio de favores y votos?
¿Qué ocurre con las contrataciones a firmas vinculadas a los propios dirigentes y con la retención de aportes?
No son sentencias definitivas, sino preguntas que requieren respuesta.
Y cuando las preguntas se multiplican, el silencio deja de ser una opción razonable.
A este panorama se suma otra preocupación concreta: el crecimiento del juego online y clandestino, un fenómeno que avanza sin control y afecta sobre todo a jóvenes y a sectores vulnerables, donde el fútbol funciona como escenario o vehículo de negocios ajenos al deporte.
Lo sucedido dejó una enseñanza clara: cuando se establecen límites y la justicia —aunque sea de modo parcial— actúa sin presiones, el poder pierde su invulnerabilidad y la sociedad recupera aliento.
La reflexión final no es solo futbolera, es social.
La palabra la tienen las familias, las instituciones y quienes creen que el fútbol debe ser competencia, pasión y encuentro, y no una herramienta de sometimiento.
Porque incluso en el fútbol argentino, a veces, los villanos no ganan.
