El Ministerio de Justicia, por medio de la Inspección General de Justicia (IGJ), requirió explicaciones a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol sobre sus estados contables y financieros.
En el comunicado oficial se informó que se solicitarán documentos que respalden partidas por más de USD 111.000.000 en el caso de la AFA y por más de USD 340.000.000 en el caso de la Superliga, correspondientes a gastos e inversiones.
La IGJ comunicó que intimará a ambas entidades a justificar las cifras contenidas en sus estados contables y financieros y a responder las observaciones realizadas, en aplicación de las obligaciones que corresponde exigir a las personas jurídicas privadas registradas.
El organismo enfatizó que los balances requeridos superan los montos indicados y que la AFA, como asociación civil sin fines de lucro, deberá presentar documentación sobre gastos e inversiones vinculadas a actividades que no estén previstas en sus estatutos.
Asimismo, la IGJ afirmó su compromiso con la igualdad ante la ley y advirtió que el incumplimiento o la falta de respuesta dentro del plazo establecido podrá derivar en sanciones económicas tanto para las entidades como para sus directivos.
En la intimación, a la que accedió Infobae, la IGJ le exige a la AFA, en un plazo máximo de 20 días:
Presentar ante la IGJ los estados contables y financieros correspondientes al ejercicio social cerrado al 30 de junio de 2025 que aún no han sido presentados y cuyo plazo está vencido; Informar por qué no solicitó autorización previa a la IGJ para celebrar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria realizadas el 28 de octubre de 2025 en el predio de Ezeiza, fuera de la jurisdicción de la IGJ; Explicar por qué omitió la presentación previa obligatoria ante la IGJ sobre la celebración de esas reuniones; Aclarar la participación en esas asambleas de funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DGPJ), cuya jurisdicción no corresponde para fiscalizar actos de asociaciones civiles con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inscriptas ante la IGJ; Entregar a la IGJ copias certificadas de las actas del Consejo Directivo que convocaron a dichas asambleas y de las actas de las asambleas celebradas el 28 de octubre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires; Remitir a la IGJ todas las actas de Consejo Directivo y de Asambleas en las cuales se haya decidido la constitución de la Universidad de la AFA (UNAFA); Proveer los estatutos constitutivos de la UNAFA, los instrumentos públicos o privados mediante los cuales se constituyó esa persona jurídica, y todas las autorizaciones estatales relacionadas con su creación y su habilitación para funcionar; Entregar a la IGJ copia certificada de la escritura de adquisición del inmueble donde se instaló la sede social de la UNAFA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con los comprobantes bancarios del pago del precio si existieren, y, en caso de haberse pagado en moneda extranjera, los justificantes de adquisición de las divisas; Aportar copia de los convenios firmados con universidades públicas y privadas para impartir enseñanzas, en particular con la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional del Delta (UNDELTA), el Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad (ISALUD), Saint Kolbe University (SKUniversity, EE. UU.) y el Instituto de Emprendimiento Avanzado (IEAVANZADO, España); Contestar las vistas sobre observaciones a los estados financieros y contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/6/2017, 30/6/2018, 30/6/2019, 30/6/2020, 30/6/2021, 30/6/2022, 30/6/2023 y 30/6/2024 que están pendientes de respuesta y vencidas, y explicar la composición de partidas globales que en conjunto suman más de USD 111.000.000; Contestar las vistas pendientes ante la IGJ relativas a reformas estatutarias iniciadas y aún no aprobadas por ese organismo.
Por otro lado, en cuanto a la Superliga, se la intimó a que conteste las vistas sobre observaciones a los estados financieros y contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 30/6/2020, 30/6/2021, 30/6/2022, 30/6/2023 y 30/6/2024, que están pendientes y con plazos vencidos, y a explicar la composición de partidas globales que en conjunto suman más de USD 340.000.000; además debe presentar los estados contables y financieros correspondientes al ejercicio cerrado al 30/6/2025.
La medida se produce en el contexto de gestiones del Gobierno contra autoridades del fútbol argentino. El lunes anterior, la senadora Patricia Bullrich denunció ante el Tribunal de Ética de la CONMEBOL a directivos de la AFA por posibles violaciones al Código de Ética y a la política anticorrupción de la organización, y solicitó una investigación preliminar sobre contratos, sociedades y movimientos patrimoniales que, según la presentación, podrían comprometer las normas de gobernanza exigidas por la confederación.
Paralelamente, el Juzgado Penal Económico N°10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, investiga a la empresa Real Central SRL y a dos personas identificadas (Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte) por presunto uso de la sociedad como vehículo para la tenencia de bienes que no coincidirían con la capacidad económica declarada de sus titulares.
Entre los bienes bajo análisis figura una propiedad de más de 10 hectáreas en Villa Rosa, Partido de Pilar, con una estancia que incluye helipuerto, instalaciones deportivas, pista de entrenamiento equino, haras con caballos de alto rendimiento y una colección de vehículos de lujo y clásicos. Ese inmueble fue adquirido en 2017 por el exfutbolista Carlos Tévez, pasó en junio de 2023 a Malte S.R.L. (proveedora oficial de la AFA) y luego fue transferido a Real Central S.R.L.; según la denuncia, los socios de esta última serían presuntos testaferros. Además, las expensas y mantenimiento de la propiedad habrían estado a nombre de Wicca S.A.S., vinculada a la exsecretaria de Finanzas de la AFA y a un exdirector ejecutivo del organismo.
La denuncia también cuestiona contrataciones directas entre la AFA y empresas relacionadas. Según el boletín N.o 6089 de la AFA del 25 de marzo de 2022, Malte S.R.L. fue contratada en forma directa por aproximadamente USD 550.000 para completar la instalación del sistema VAR; aunque el documento oficial señala su trayectoria como proveedora, la denuncia apunta a la existencia de vínculos societarios y personales con exdirectivos del organismo.
La combinación de contrataciones, relaciones personales y operaciones patrimoniales de alto valor motivó la presentación, que plantea dudas sobre posibles conflictos de interés, falta de transparencia y el cumplimiento de deberes fiduciarios por parte de dirigentes de una federación miembro de la CONMEBOL.
Ante estas acciones, la AFA expresó que considera que existe “evidente persecución política” contra sus autoridades y acusó al Ministerio de Justicia, a una diputada y a la senadora Patricia Bullrich de coordinar esos ataques. Indicó que la actuación del Gobierno intentó obstaculizar la celebración de su asamblea y la expresión democrática de sus dirigentes, y advirtió sobre la posibilidad de intervención.
La AFA también cuestionó la intención del Poder Ejecutivo de promover sociedades anónimas deportivas frente al modelo vigente de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. Por último, la entidad defendió su gestión y aseguró que, frente a las críticas, continuará trabajando por el desarrollo del fútbol argentino, afirmando que su enfoque es exclusivamente deportivo.
