La Justicia investiga quién utilizaba el helipuerto ubicado en la lujosa quinta de Villa Rosa, Pilar, una propiedad que figura a nombre de dos presuntos testaferros de altas autoridades de la AFA.
El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky requirió a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) el listado de pilotos que operaron desde ese helipuerto desde su puesta en funcionamiento hasta la actualidad.
La ANAC informó que el helipuerto está autorizado a operar, pero que el registro de aterrizajes y despegues debe llevarlo el responsable de su uso en el lugar; ese libro no fue hallado entre los objetos secuestrados durante los allanamientos, según fuentes del caso.
La medida, junto con otras diligencias, busca establecer quiénes utilizaban efectivamente el helipuerto y el resto de las instalaciones de la quinta.
El juez ordenó la presentación de documentación a distintos organismos para acelerar el envío de pruebas solicitadas días atrás, entre ellas constancias de titularidad de los 54 vehículos secuestrados en un galpón —algunos de colección o alta gama—, quiénes están autorizados a conducirlos y a nombre de quién figuran los dispositivos de peaje (“telepases”), entre otros elementos probatorios.
Los pedidos de informes
También se solicitaron informes a empresas de Internet, cable y telefonía celular para determinar quién abona esos servicios vinculados al domicilio de la quinta. Los investigadores esperaban recibir esa información en las próximas horas por parte de la Policía Federal que realizó los operativos.
El objetivo es acreditar quiénes asumen los gastos y usan el inmueble que figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados como supuestos testaferros. Ambos fueron notificados para que presenten descargos en la causa. Además se investiga la titularidad de una casa en dos lotes del barrio Ayres Plaza de Pilar.
Tanto Pantano como su madre tienen prohibida la salida del país y se les inhibieron los bienes. Esas medidas las dispuso el juez federal porteño Daniel Rafecas, que ordenó los allanamientos en la mansión de Pilar y en el barrio privado.
La denuncia
Según la presentación de la Coalición Cívica, la quinta de Pilar cuenta además con una pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre.
Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Figura como monotributista y, al momento de la denuncia, registraba una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos, según consta en la causa.
Su madre es jubilada y trabajadora autónoma; durante la pandemia percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Desde 2021 Pantano poseía el 50% de las acciones de la empresa Central Parks Drinks S.R.L., de escasa actividad y con un capital social inicial de 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la sociedad fue rebautizada como Real Central S.R.L. y su capital se elevó a 58.000.000 de pesos.
En esa reestructuración, Pantano cedió su 50% a su madre, quien pasó a ser la accionista mayoritaria.
Dos semanas después, según la denuncia, la empresa compró el predio de 105.000 hectáreas donde está la mansión.
Con estos hechos la Coalición Cívica denunció la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros, lo que, a su juicio, permitiría inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico.
La investigación estuvo a cargo inicialmente del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó las primeras medidas probatorias. La Cámara Federal resolvió a favor de un planteo de incompetencia presentado por el propio magistrado y determinó que la causa por supuesto lavado de activos debía tramitarse en el fuero penal económico.
