El defensor del Pueblo de Ucrania, Dmitró Lubinets, informó que solicitó a su homóloga rusa, Tatiana Moskalkova, información precisa sobre el paradero de cerca de cincuenta residentes de la región fronteriza de Sumy que, según se denuncia, fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso. Exigió su retorno inmediato y notificó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Las autoridades ucranianas califican la operación como una grave violación del derecho internacional humanitario, al implicar la privación ilegal de libertad y la deportación forzosa de civiles.
Lubinets pidió detalles sobre las condiciones de detención de los ciudadanos ucranianos, sus necesidades más urgentes y las condiciones para su repatriación. Asimismo, comunicó que ha enviado una carta formal al CICR para que intervenga y verifique la situación.
El funcionario instó a la comunidad internacional a realizar una evaluación jurídica de las acciones atribuidas a Rusia y a emplear todos los mecanismos disponibles para detener las deportaciones ilegales de civiles ucranianos.
Según la reconstrucción proporcionada por Lubinets, fuerzas armadas rusas detuvieron el jueves a unos cincuenta habitantes de la aldea de Grabovske (Sumy), los mantuvieron retenidos sin acceso a comunicaciones ni condiciones adecuadas, y el traslado forzoso a Rusia se habría producido el sábado, según información preliminar.
La Dirección General de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó que las tropas rusas cruzaron la frontera cerca de Grabovske y que, tras tomar el pueblo, aproximadamente cincuenta civiles —en su mayoría personas mayores que se habían negado a ser evacuadas internamente— fueron trasladados por la fuerza a territorio ruso. El Estado Mayor subrayó que la negativa a ser evacuado dentro del país no legitima las acciones militares y reiteró que esos traslados constituyen una violación del derecho internacional. Por razones de seguridad se han organizado evacuaciones: más de 30.000 personas, cerca del 84 % de la población de ocho comunidades, han sido evacuadas; el 16 % restante, unas 5.700 personas, incluidas 38 niñas y niños, optó por quedarse.
En un mensaje dirigido a los residentes que permanecen en zonas de combate, Lubinets advirtió sobre los riesgos y reiteró que la evacuación sigue siendo la vía para proteger la integridad de las personas y sus familiares.
