Arabia Saudita registró en 2025 el mayor número de ejecuciones documentadas desde que existen registros: 347 personas ajusticiadas, dos más que en 2024, según informó la Organización Europeo-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio.
Los delitos relacionados con las drogas concentraron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte frente a las 222 del año anterior. La organización señaló un aumento “sin precedentes” de ejecuciones por delitos vinculados específicamente al cannabis: 97 personas fueron ejecutadas únicamente por este motivo, comparado con 15 en 2024.
En los últimos años, Arabia Saudita ha intensificado su lucha contra el narcotráfico, que se considera uno de los principales problemas del país. La elevada demanda interna, el alto poder adquisitivo y la posición geográfica estratégica han convertido al reino en un destino importante para redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudita contempla para el contrabando de estupefacientes “el castigo más severo”, la pena de muerte. La ley define como “contrabandista” tanto al que introduce drogas desde el extranjero como al que las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos y reincidentes: los primeros pueden recibir prisión, azotes, multas o una combinación de estas sanciones; los reincidentes pueden ser condenados a muerte.
En noviembre de 2022, el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revocando una moratoria anunciada en 2021 por la Comisión Saudí de Derechos Humanos.
El informe también advierte sobre “la creciente persecución de extranjeros”: en 2025 representaron el 57 % de las ejecuciones (202 casos) y el 94 % de ellos fueron condenados por delitos vinculados al narcotráfico. Además, se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de manera significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, el nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables, en contradicción con las declaraciones y compromisos asumidos en los últimos años”.
La organización advirtió que las cifras oficiales podrían subestimar el total real debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se ejecuten sentencias sin previo aviso, en medio de prácticas que van desde la tortura hasta la negación a las familias del derecho a la despedida y al entierro. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
