El Senado celebrará este viernes una sesión con la que espera finalizar el año y sancionar dos normas que el Gobierno libertario quiere exhibir al mercado: el Presupuesto 2026 y la llamada “inocencia fiscal”. El foco principal estará en el proyecto presupuestario, que incluye varios artículos controvertidos y puede generar fricciones con la oposición dialoguista, sobre todo en votaciones particulares donde la aritmética es más ajustada.
La reunión en el recinto está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario convocado por Javier Milei hasta el 30 de diciembre. En la jornada se esperan al menos dos momentos relevantes: el juramento del oficialista Enzo Fullone, en reemplazo de Lorena Villaverde, quien no pudo asumir su banca por problemas judiciales; y la discusión por el reparto de comisiones.
Al inicio de la sesión se anticipan fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, ahora denominado “Popular”, por la distribución de comisiones acordada entre el oficialismo y la oposición dialoguista. Desde La Libertad Avanza recuerdan prácticas anteriores del cristinismo en el Senado y sostienen que, en comparación, la protesta del peronismo sería limitada si se mostrara en todo su alcance.
Tras el trámite por el juramento de Fullone y el debate sobre comisiones —posiblemente con homenajes y cuestiones de privilegio—, se dará paso al debate de las iniciativas. El proyecto presupuestario plantea un crecimiento del PBI del 5% para 2026; una inflación anual del 10,1%; y un tipo de cambio rondando los $1.423 en diciembre del próximo año. La Casa Rosada estima un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, además de un incremento de las exportaciones del 10,6%.
En los últimos días, la discusión más intensa se centró en el artículo 30, que elimina pisos de financiamiento para los sistemas educativo y de ciencia, tecnología e innovación; para la educación técnico profesional; y para el Fondo Nacional de la Defensa. Medios como Infobae reportaron semanas atrás las inquietudes que llegaron al Congreso desde provincias y otros actores territoriales.
Otro punto controvertido es el artículo 12, que dispone que las universidades deben presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias —a cargo de Carlos Torrendell—, del Ministerio de Capital Humano, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos. El ministerio podría interrumpir las transferencias por incumplimientos en el envío de esa información.
El oficialismo parte de una bancada compuesta por 21 legisladores de La Libertad Avanza (incluido Fullone), 10 de la UCR, tres del PRO y el resto de representantes provinciales, que suman 44 en total; no todos están garantizados para votar en bloque. Algunas ausencias no impedirían, en principio, la agenda del Gobierno y podrían sumarse apoyos peronistas por indicación de gobernadores. En la Cámara alta, la líder del bloque oficialista, Patricia Bullrich, deberá mantener plena atención. Detrás de estas decisiones está además la expectativa del mercado de ver al Ejecutivo libertario con control del Congreso. La reforma laboral quedó postergada, al menos, hasta febrero si se vuelven a convocar extraordinarias —o hasta marzo si no—. Los bloques, gobernadores y actores del “círculo rojo” conocen lo que está en juego; es probable que surjan maniobras de último minuto para mostrar leyes sancionadas o para mantener un clima de conflicto que, a largo plazo, no tiene claro a quién beneficia.
