Una intervención conjunta del Departamento Cibercrimen de la Policía de Córdoba y del Chaco permitió recuperar y devolver a su legítima propietaria casi tres millones y medio de pesos que habían sido transferidos por error.
La operación combinó inteligencia digital, tareas de campo y coordinación judicial, lo que posibilitó localizar al receptor accidental de los fondos y gestionar su reembolso inmediato, constituyendo un antecedente en la restitución eficaz de sumas transferidas por equivocación.
El caso se inició cuando una mujer de 44 años denunció haber enviado, a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), una transferencia electrónica a una persona que no era la destinataria prevista.
Según la Policía de la Provincia de Córdoba, el error se produjo por una equivocación al tipear o elegir el destinatario, y los fondos —identificados luego como $3.426.153,42— fueron acreditados en la cuenta de un hombre identificado como G.N.M.
El personal del Departamento Cibercrimen empleó herramientas de OSINT (inteligencia de fuentes abiertas), analizando información pública, bases de datos financieras, registros de alias y claves bancarias, así como domicilios y vínculos digitales relacionados con billeteras virtuales, correo electrónico y telefonía móvil.
Estas pesquisas permitieron identificar un domicilio legal del receptor en la ciudad de Barranqueras, Chaco.
Las posteriores tareas de campo, que incluyeron recorridos y consultas a vecinos, confirmaron la identidad de la persona que había recibido la transferencia.
Consultado por el equipo especializado, el receptor explicó espontáneamente que desconocía la acreditación. Informó que gestionaba múltiples cuentas vinculadas a la plataforma Mercado Pago, muchas de ellas bloqueadas por falta de validación de seguridad.
La gestión concluyó cuando un operador de Mercado Pago detectó la transferencia de $3.426.153,42 en una de las cuentas bloqueadas y ordenó un reembolso interno que trasladó el dinero a una cuenta activa del titular, lo que permitió disponer de la suma para su devolución a la damnificada.
Durante su declaración testimonial, el hombre recibió asistencia técnica para recuperar el acceso a esas cuentas mediante validación biométrica facial, autenticación de doble factor, verificación por dispositivo confiable y análisis de eventos de seguridad.
En la etapa final, el Equipo Fiscal N° 13, a cargo del doctor Víctor Recio, dictó la devolución inmediata del dinero y solicitó la incorporación de los comprobantes al expediente judicial. Personal del Departamento Cibercrimen cumplió la orden, cerrando la instancia administrativa y asegurando la restitución total a la afectada. El proceso judicial continúa abierto.
En mayo del año pasado se conoció otro caso: Verónica Acosta, una mujer de escasos recursos, recibió por error una transferencia de $510.236.811 proveniente del gobierno de San Luis.
Acosta, madre que esperaba una cuota alimentaria de alrededor de $8.000, gastó gran parte de ese dinero en compras y envíos de dinero. Fue detenida junto a cinco familiares y luego recuperó la libertad.
No obstante, la causa penal en su contra por estafa, defraudación y retención indebida de fondos públicos sigue su curso.
